El 21 de octubre el virus de la pandemia superó el millón de contagios oficialmente registrados –cifra que solo incluye casos confirmados con una prueba de laboratorio–, lo que coloca a España en el mayor número de contagiados en Europa y el quinto país en el mundo. En busca de pescar a río revuelto, el partido ultraderechista Vox presentó una moción de censura contra el gobierno de centro-izquierda que encabeza Pedro Sánchez y el tiro les salió por la culata: recabaron 52 votos a favor de la censura y 298 en contra. 

En octubre España llegó por primera vez a la cifra de 21 mil contagios diarios mientras que el “exceso de muertes” pasó de sesenta mil en lo que va de la pandemia. El virus avanza nuevamente sin contención, como avanzaba entre marzo y abril. El perfil de los contagiados ha cambiado en algo: uno de cada cuatro positivos en el verano se dieron entre personas de 15 y 29 años, los adultos mayores ya no son los principales perjudicados y aparecen jóvenes entre los fallecidos.

Lo hecho en el país con la pandemia ha sido objeto de muchas críticas. Se recibió la alerta de la Organización Mundial de la Salud a comienzos de febrero y se tardó hasta mediados de marzo en adoptar medidas. Durante las semanas de confinamiento que se impusieron –y durante las cuales se frenó el contagio– no se organizó un sistema de rastreo de los contagios, que es el mecanismo con el que los países asiáticos han controlado la pandemia. Peor aún, cuando las cifras bajaron como resultado de las medidas adoptadas, se cantó victoria prematuramente. Contra todas las advertencias de los especialistas acerca de la segunda ola, Sánchez proclamó el 10 de junio ante el Congreso: “Hemos vencido al virus” y se levantaron las restricciones.

Era el inicio del periodo de vacaciones de verano y las consideraciones económicas pesaron demasiado. Las empresas más afectadas por las restricciones –en especial hoteles, restaurantes y bares–, movilizadas, no han dejado de ejercer presión sobre los políticos para continuar con negocios que obviamente generan contagios. Y los políticos son receptivos. El caso más flagrante es el de la presidenta de la comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que hasta ahora insiste en que, en esta situación, "lo más importante es que la economía no sufra más”, punto de vista que subordina la salud de la población a la marcha de los negocios.

A los contagios de las vacaciones de julio y agosto se han sumado los que surgieron al abrirse escuelas y universidades en septiembre. Las cifras empeoran hasta el punto de que ya superan las de la primera ola. El aluvión de contagios hace ahora imposible montar el sistema de rastreos. Y la situación económica se encamina a una debacle que, de momento, el Estado intenta paliar con ayudas y subsidios que están engordando la deuda externa.

Con una vacuna todavía distante, no se atina a qué hacer. El toque de queda se plantea en estos días como tabla de salvación. Después de ocho meses de pandemia, los políticos siguen forcejeando por las medidas a adoptar, tratando de sacar rédito político de la situación.

Lo intentó el ultraderechista Vox con el empeño de socavar al gobierno del Partido Socialista (PSOE) y Unidas Podemos (UP), y de propagandizar sus posiciones extremistas que reivindican desembozadamente el franquismo y esgrimen consignas y propuestas asociadas a Donald Trump y similares a las de neonazis alemanes. Pero su principal objetivo era forzar al Partido Popular (PP), principal actor de la oposición, a seguir la iniciativa de Vox en el combate al gobierno, con lo que le arrebataría el liderazgo en la derecha. Sabiendo que no contaban con los votos para que la moción prosperara, Vox luchaba por forzar al PP a una definición.

Desde que Vox apareciera en las elecciones generales de 2015 con solo 58,114 electores, ha ido arrebatando votos al PP, gracias a lo cual en las dos elecciones realizadas en 2019 obtuvo 2’664,325 y 3’364,063 votos –esto es, 10.26% y 15.09 del electorado–, gracias a los cuales cuenta con 52 representantes en el Congreso, que fueron los únicos que el 22 de octubre votaron por la moción de censura. Pese a ser competidores, en tres comunidades autónomas –Madrid, Andalucía y Murcia– el PP gobierna con el apoyo de Vox.

Pablo Casado, el líder del PP, mantiene una línea política zigzagueante en la búsqueda de traer abajo al gobierno PSOE-UP, al que proclamó ilegítimo –sin un argumento de respaldo– apenas se acordó constituir por sus integrantes, en diciembre de 2019. En esa dirección torpedea constantemente la gestión gubernamental y ha coqueteado con Vox. Con ocasión de las elecciones de 2019 llegó a decir de los otros grupos de derecha: “¿para qué vamos a andar pisándonos la manguera entre nosotros si lo que tenemos que hacer es sumar?".

Al parecer, ese manejo no es compartido por algunos de los líderes regionales del partido que tienen responsabilidades en sus respectivos gobiernos y ven cómo antiguos militantes son imantados por el discurso reaccionario de Vox. Presionado por esos líderes en torno a la moción de censura, Casado finalmente no optó por la abstención –esperada por el sector más beligerante del partido– sino que votó en contra, fortaleciendo indirectamente al gobierno, cuyo presidente, Pedro Sánchez, realizó en la ocasión una faena impecable, de altura y mesura.

La fundamentación de Casado al voto del PP contrario a la censura contuvo una durísima respuesta a Vox –empezó acusando: “Nos hace perder el tiempo”–, que ocasionó desconcierto y visible pesar en su líder, Santiago Abascal, a quien Casado acusó de desleal en sus críticas al PP, partido en el cual cobró sueldos durante 15 años. Lo ridiculizó por dirigir “un ejército de trolls en las redes” y lo acusó de una estrategia "destinada a hacer que los españoles se odien y se teman". Con un “hasta aquí hemos llegado” cortó amarras y dejó a Vox solo, en un rincón del escenario político, como el gran perdedor del episodio. La deplorable venganza de Abascal fue lanzar en las redes el hashtag “Pablo Cagado”.

¿Implica el giro del PP un posible entendimiento con el PSOE para llevar adelante algunos acuerdos de política? Difícil saberlo y más difícil lograrlo debido, no solo a los frecuentes cambios de orientación de Casado sino también a que Unidas Podemos, socio de gobierno, permanece atento a rechazar cualquier concesión del PSOE a los sectores derechistas.

A todo esto, la polarización instalada por los partidos en la sociedad española –en la que crece el hartazgo ante las constantes discusiones partidarias estériles– ha sido llevada a diversos terrenos. Uno corresponde al de la memoria histórica, donde se enfrentan los familiares de los ajusticiados durante la guerra civil –cuyos cuerpos todavía permanecen en fosas comunes– con los regidores de la derecha que en los municipios arrebatan placas conmemorativas y nombres de calles y plazas dedicados a personajes republicanos del conflicto.

Otro es el debate abierto en torno a la monarquía, sumida en un cuestionamiento derivado, sobre todo, de los escándalos de Juan Carlos I –autoexiliado ahora en Emiratos Árabes Unidos–, pero también del comportamiento del sucesor, Felipe VI, cuyos gestos lo identifican con el “españolismo” que la derecha profesa. Según una encuesta financiada por contribuciones ciudadanas –debido a que los organismos oficiales se niegan a incluir el tema en sus sondeos– son más los españoles que están a favor de la república (40.9%) que quienes prefieren mantener la monarquía (34.9%).

No obstante estos datos circunstanciales, las encuestas de intención de voto revelan que España se mantiene, como desde hace mucho, en un empate entre derechas e izquierdas. Ese entrampamiento dificulta el adoptar políticas de largo aliento. Pero ahora también entraba la lucha contra la pandemia.