En el discurso construido acerca de la transición española –iniciada en noviembre de 1975, a la muerte del dictador Francisco Franco–, se adjudicó al entonces rey Juan Carlos I un rol salvífico. Él, escogido por Franco para continuar su régimen, aparece en múltiples trabajos académicos, y así ha sido presentado durante décadas por los medios de comunicación, como el rey que impidió el golpe intentado el 23 de febrero de 1981 por un oscuro comandante de la Guardia Civil, Antonio Tejero, quien asaltó el Congreso con un pelotón a su mando. Ese discurso oficial ha sido impugnado por unas cuantas voces –entre ellas, la de Antonio García-Trevijano– que no alcanzaron audiencia hasta hace poco. 

Pero, a partir de la crisis económica de 2008, muchos son los discursos que han entrado en cuestión. La tantas veces considerada modélica transición ha sido uno de los temas puestos en tela de juicio. En lo esencial, se impugna que el gran pacto político que se plasmó en la Constitución de 1978 –refrendada en referéndum por una mayoría abrumadora (88,54%) de los ciudadanos– fue un gran borrón y cuenta nueva que mantuvo las estructuras institucionales del poder y en ellas a los cuadros del franquismo. Los crímenes de Estado, cometidos durante más de tres décadas que siguieron a la guerra civil, fueron amnistiados. Y el sucesor designado por Franco para dar continuidad a su régimen fue aceptado como rey.

Se produjo un silencio respetuoso en torno a Juan Carlos, que omitió discutir a fondo su verdadero papel en la intentona golpista de 1981. Aparte de que solo en privado circulaban rumores sobre las varias amantes de su majestad, para leer alguna información acerca de la fortuna acumulada por él –en cuentas situadas en el extranjero, por supuesto– había que buscar en la prensa extranjera. Por ejemplo, The New York Times publicó en septiembre de 2012 una nota en la que se estimaba en 2300 millones de dólares la fortuna del rey. Solo algunos periódicos digitales se atrevieron a reproducir la información en España.

El desmoronamiento de la vasta complicidad de los medios de comunicación con Juan Carlos se había iniciado poco antes, en abril de ese año, cuando no pudo ocultarse la noticia de que había sufrido una caída de escalera en Botswana. Se supo entonces que el rey, quien ejercía la presidencia de honor del Fondo Mundial para la Naturaleza-España (WWF), había sufrido el percance durante su concurrencia a una cacería de elefantes en África; ante el escándalo, los socios de la organización suprimieron el cargo para librarse del personaje.

La cacería fue organizada por un personaje peculiar. Corinna zu Sayn-Wittgenstein es una empresaria alemana de origen danés que estuvo casada con un aristócrata alemán cuyo apellido mantuvo después de su divorcio. Este personaje, que parece fruto de la ficción, se sigue haciendo llamar “princesa” y en la relación con Juan Carlos combinó las calidades de amante y socia de negocios. Se sostiene que ella vinculó al entonces rey de España con el rey Abdulá de Arabia Saudita para entretejer acuerdos varios –incluida la construcción, a cargo de doce empresas españolas y por 6500 millones de euros, de un tren de alta velocidad entre Medina y La Meca, inaugurado en octubre de 2018– que fueron generosamente recompensados por el monarca saudí con cien millones de euros. Otra versión rebaja la suma a 65 millones de euros pagados por Arabia Saudita al entonces rey de España, a cambio de una rebaja de 30% en el precio de la construcción del tren a La Meca.

“Inviolabilidad” que es impunidad

Cuando estos hechos salieron a la luz pública, los rancios juristas españoles echaron mano al artículo 56.3 de la Constitución: “La persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Sus actos estarán siempre refrendados en la forma establecida en el artículo 64, careciendo de validez sin dicho refrendo, salvo lo dispuesto en el artículo 65.2.” Que una disposición legal establezca el carácter “inviolable” de una persona es algo insólito; son inviolables, jurídicamente, objetos como la correspondencia o lugares como el domicilio. Pero ¿en qué sentido una persona es inviolable, es decir, no puede ser violada? Si lo que quiso decir el constituyente fue que el rey no podía ser sometido a proceso por los actos realizados en ejercicio del cargo (que es lo que parece sugerir la segunda frase del artículo), la categoría jurídica apropiada es la de inmunidad. Sin embargo, se prefirió declarar al rey “inviolable”.

Los juristas oficiales en España han entendido que tan curiosa garantía jurídica significa que el rey no puede ser procesado por ningún acto. Esto es, que si el rey –el anterior o el actual– fuera denunciado por abusos sexuales cometidos contra un menor de edad, por ejemplo, los hechos estarían protegidos por el carácter “inviolable” del rey. Esta interpretación absurda, que no distingue entre actos propios del cargo y actos de la vida privada, es la que ha hecho suya el parlamento español para impedir cualquier investigación sobre las coimas que presuntamente recibió Juan Carlos por hacer ciertas gestiones ilegales.

En su momento, la fiscalía española paralizó la investigación de las coimas de Juan Carlos, pero la fiscalía suiza ha seguido profundizando en el asunto y ha encontrado que en 2012 Corinna, la amante/socia del rey, recibió 64 millones de euros de cuentas que este manejaba. Aparentemente, fue la remuneración por la gestión triangular que “la princesa” realizó entre Riad y Madrid, quizá generosamente mejorada en el monto por razones románticas. (A diferencia de Corinna, Marta Gayá, la amante más duradera de Juan Carlos “solo” recibió 2 millones de euros).

En medio de la desaprobación extendida en España, luego del destape Botswana/elefantes/Corinna/coimas saudíes, Juan Carlos dejó el trono en junio de 2014. Lo sucedió su hijo, Felipe VI, que ante el reciente recrudecimiento de los escándalos paternos, en marzo de 2020 hizo público que un año antes había renunciado ante notario a la herencia de su padre –acto simbólico puesto que tal herencia aún no se ha generado– y, quizá algo más sustancial, había suprimido la asignación que “el rey emérito” venía recibiendo desde su abdicación del trono, esto es, unos doscientos mil euros anuales antes de impuestos.

“El rey desnudo”

Los avances de la investigación suiza han llevado a la fiscalía española a reabrir el caso. Con ocasión de este paso, varios grupos parlamentarios han planteado establecer en el Congreso una comisión investigadora. La alianza de gobierno Partido Socialista-Unidas Podemos se dividió ante la propuesta. Los dos grandes partidos, el PSOE y el conservador Partido Popular han optado por la complicidad con el rey emérito, amparándose en la insostenible tesis que deduce del artículo constitucional citado que el rey es intocable, haga lo que haga. Pero ahora Juan Carlos no es rey y algunos de los actos bajo investigación –“las relaciones diplomáticas y comerciales entre España y Arabia Saudí y su vínculo con instituciones y empresas españolas y sus efectos sobre el erario público”, según señalaba la propuesta parlamentaria– corresponden al periodo posterior a su renuncia al trono. El argumento “jurídico” no más resultaba presentable. Sin embargo, los asesores legales del Congreso interpretaron que la “inviolabilidad” del rey tiene “efectos jurídicos permanentes” y los dos grandes partidos hicieron suya la interpretación. Todo vale para dar impunidad a Juan Carlos.

“El rey desnudo” es un cuento de Hans Christian Andersen, publicado en 1837. Juan Carlos ha ido despojándose de los oropeles que lo vistieron durante más de cuatro décadas. Hace seis años perdió la corona que lo vestía. Progresivamente, ha ido perdiendo también el descaminado reconocimiento social que recubrió sus fechorías. Ahora solo le quedan los dos grandes partidos políticos españoles, agriamente enfrentados en cualquier otra materia pero dispuestos siempre a cubrir las vergüenzas de Juan Carlos.