El intento de Donald Trump de apoderarse de Groenlandia, por las razones que fueren, sigue y profundiza lo hecho por su gobierno en Venezuela. No es el primero que en estos tiempos toma esa ruta —lo antecedieron Putin en Ucrania y Netanyahu en Gaza— pero es el primero que, con desfachatez, proclama que su voluntad debe ser tomada como norma. Si lo lograse, habríamos regresado a un pasado que algunos creímos ingenuamente que había quedado atrás.

La Carta de las Naciones Unidas, que estableció la Organización, fue firmada en junio de 1945, en un contexto de posguerra, esto es, el ambiente que siguió a la muerte de alrededor de 75 millones de personas en la Segunda Guerra Mundial. Los Estados que acordaron participar en la organización se proponían expresamente resolver sus diferencias pacíficamente. Ocho décadas después ese contexto luce muy distinto.

En el panorama actual no solo aparece cierto número de conflictos abiertos en el mundo sino, sobre todo, ha emergido la proclamación de la fuerza como vía que se pretende legítima para imponer la voluntad de un Estado a los demás. Es este planteamiento, al que se ha retrocedido, el que provoca una crisis de fondo para el desenvolvimiento de Naciones Unidas, más allá de las limitaciones encontradas en su funcionamiento.

Esas limitaciones no son pocas ni secundarias. La Organización es cara y rinde poco. Reuniones y viajes, documentos e informes se reproducen sin resultados que justifiquen sus costos. Peor aún, el diseño institucional ha concentrado poder decisorio en el Consejo de Seguridad, donde los cinco miembros permanentes —China, Francia, Rusia, Reino Unido y Estados Unidos— tienen capacidad de veto y frustran con frecuencia las tendencias que se expresan mayoritaria e incluso abrumadoramente en la Asamblea General, compuesta en la actualidad por 197 países. Pero, pese a sus vicios y trabas, Naciones Unidas ha operado como un filtro capaz de detener, o deslegitimar —y en algunas ocasiones sancionar—, una buena parte de los excesos de poder.

De allí que la invocación de la ley del más fuerte como fundamento de la conducta del Estado ataca la razón de ser de Naciones Unidas. Esto no solo es una deducción lógica. La actuación de Israel en Medio Oriente y la de Rusia en Ucrania —haciendo caso omiso de las normas e instituciones internacionales— corresponden al ejercicio de la fuerza como medio para alcanzar los objetivos que sus respectivos gobiernos estiman legítimos. A esos casos Estados Unidos—que ya cosechó fracasos con su intervención en Afganistán, Irak y Libia— ha sumado su reciente actuación en Venezuela y las amenazante declaraciones de intenciones respecto de Groenlandia y de Irán.

En el caso de Venezuela el perfil de la presencia imperialista se desenvuelve en los términos que el secretario de Estado Marco Rubio ha precisado en el Senado: el gobierno venezolano someterá mensualmente el presupuesto público a la tutoría estadounidense y será la administración Trump quien determine cómo gastar el dinero de los ingresos petroleros. Esta forma de intervención yanqui registra como único precedente lo hecho en Irak.

El fundamento de estas actuaciones fue hecho explícito por Trump en una entrevista con The New York Times: él no necesita el derecho internacional y su único límite proviene de su propia moralidad. Al mismo tiempo, el gobierno actual de Estados Unidos —uno de los Estados que promovió el establecimiento y el funcionamiento de la Organización— se encuentra abocado a la creación de una Junta de Paz, a la que el presidente Trump ha convocado a integrar a determinados jefes de Estado, que bajo su conducción iniciaría sus funciones en relación con Gaza pero adquiriría permanencia para atender otros conflictos. Es claro el propósito de sustituir en la tarea a Naciones Unidas. En contraposición, Louis Charbonneau ha planteado desde Human Rights Watch que se requiere fortalecer Naciones Unidas, no reemplazarla.

¿Qué nos espera? Es riesgoso formular pronósticos. Por de pronto, la institucionalidad internacional apenas logra pronunciar en tono moderado palabras rituales, que al no traducirse en acción alguna tienen sin cuidado a Washington, centrado en alcanzar sus propios objetivos. Acaso la Unión Europea —desde donde se percibe cómo sus países integrantes son puestos fuera de juego por Estados Unidos, China y Rusia— pueda reunir y canalizar las expresiones disonantes. Las discrepancias dentro de la UE dejan dudas al respecto.

En cualquier caso, se tendrá que movilizar algo más que recursos vocales para impedir que el imperialismo desenvuelto por esas tres potencias nos imponga un orden regido por la ley del más fuerte. El primer ministro de Canadá, Mark Carney, en la reciente reunión de Davos ha hecho un llamado a las potencias medias para asumir protagonismo, en un momento en el que se vive “el comienzo de una realidad brutal en la que la geopolítica entre las grandes potencias no está sujeta a ningún límite”. Carney ha propuesto “ser pragmáticos y guiarnos por principios. Esos principios que nos guían son nuestro compromiso con los valores fundamentales: la soberanía y la integridad territorial, la prohibición del uso de la fuerza, salvo cuando sea conforme con la Carta de las Naciones Unidas y el respeto de los derechos humanos”.

De no ser escuchado este llamado, la ley del más fuerte será la norma en lo inmediato de un futuro que se ha vuelto impredecible.