Periódicamente surge la propuesta: ¡hay que cambiar la Constitución! Ese grito encuentra base en la creencia popular de que “se necesita una nueva ley” para resolver cualquier problema que es materia de un reclamo social. Si es así, qué mejor que cambiar “la ley de leyes”, la constitución que está por encima de todas las leyes.
Esa creencia ingenua es explotada por los políticos que, en vez de obligarse a señalar cómo cambiar la realidad, ofrecen cambiar las normas legales vigentes. Un ejemplo cercano y reciente lo da el caso ecuatoriano. Llegado al cargo, Rafael Correa convenció a su electorado de que el primer paso, que anunció como indispensable, era contar con una nueva constitución. En 2008 el resultado fue un texto de 444 artículos y 30 disposiciones transitorias en el que todos los derechos imaginables fueron incluidos. No solo los abogados celebraron este “logro”; activistas del movimiento indígena, reivindicadores del medio ambiente y líderes sindicales aportaron al detalladísimo contenido del texto.
El correísmo incluyó todas las propuestas pero, por supuesto, incluyó la reelección presidencial, lo que permitió a Correa permanecer diez años en el cargo (2007-2017). Era la única disposición que importaba al líder; todo lo demás era hojarasca. Quien tenga dudas al respecto mire la realidad ecuatoriana de hoy y, en contraste con el país ideal dibujado en el texto constitucional, pregúntese de qué sirvió al país y su gente contar con tal texto lleno de burbujas de jabón. ¿Impidió que el narcotráfico socavara la endeble base institucional del país? ¿Cerró el paso a la corrupción? En definitiva, ¿mejoró el nivel de vida de los ecuatorianos?
Esa ilusión constituyente es un engañamuchacho que encuentra terreno abonado en una cultura nuestra que endiosa los textos legales sin reparar en que el “acata pero no se cumple” también pertenece a nuestra tradición. Y, en consecuencia, muchas disposiciones legales reposan como letra muerta sobre el papel de constituciones y códigos.
Consciente de que su electorado puede morder el anzuelo, todo político hace del cambio constitucional un objetivo a alcanzar. Quienes no han triunfado lanzan el globo sabiendo que encontrará viento favorable y quienes ejercen el poder distraen la atención con la engañifa de una refundación nacional mientras se aprovechan del ejercicio del cargo. Este fue el caso de Alberto Fujimori y su Constitución de 1993.
Desde izquierdas o derechas, se intenta aprovechar la ilusión de cambiar las leyes. Es sencillo hacerlo o, cuando menos, es más fácil que proponer un camino que, iniciándose en la situación actual, se encamine a paso seguro a una mejor. El terreno en el cual se ve claramente el recurso al facilismo legal es el penal: ante el crecimiento del delito, constantemente se reclama el incremento de las sanciones, esto es, penas más altas. Pero escasean quienes tratan de analizar las causas de ese incremento criminal y responder a ellas.
Así es como, aunque no se tenga idea acerca de la ruta a tomar para resolver de veras los problemas sociales, en cualquier discurso se propone, como urgente, el cambio constitucional. Es que colocar el objetivo político en un cambio de las normas descarga de la obligación de formular planes concretos para mejorar las condiciones de vida.
Nada de esto significa que aquello que establecen las normas legales, incluida la constitución, carece de importancia. La tiene porque delimita el marco de lo que es posible legalmente y lo que no lo es. Esto es necesario pero no suficiente. La trampa se encuentra en ofrecer el cambio normativo como la garantía de una mejor vida social y, en consecuencia, como finalidad última de la acción colectiva. La ley y la constitución son apenas instrumentos de una tarea bastante más compleja.
