En las últimas cuatro décadas decenas de comisiones de la verdad han sido designadas y han trabajado en el mundo, produciendo informes y recomendaciones. Las diferencias entre ellas llegan a ser importantes, lo que hace muy difícil proponer generalizaciones. Se comprueba que cada caso guarda relación estrecha con las particularidades del país del que se trate.

Patricia Funes atribuye a las comisiones de la verdad “un carácter fundacional en el proceso de reconstrucción de la memoria colectiva”. Esto no parece haber sido así cuando menos en los casos de Guatemala y Perú, y resulta discutible en algunos otros casos. En Guatemala, el informe pasó casi desapercibido. Con excepción, claro, de las oenegés de derechos humanos y los actores de la comunidad internacional. No hubo impacto social en el país.

Si miramos el caso peruano, encontramos algunos aspectos controvertidos. Primero, se ha discutido si la composición de la Comisión fue plural o suficientemente representativa. Segundo, alguna mención se ha hecho acerca de la cifra de más de 60 mil muertos en el conflicto armado interno, cifra utilizada por la CVR y que es resultado de una proyección estadística que ya se había usado en Guatemala. El asunto importa debido a que la repercusión de las cifras no es igual si se le agrega o se le quita un cero al número de muertos en un conflicto; máxime si la difusión hecha por la propia Comisión ha puesto énfasis en la cifra de muertos.

El impacto

Me propongo atender a una cuestión que es más importante, a mi modo de ver: el impacto social del trabajo de la Comisión. Al respecto, Félix Reátegui Carrillo y Diego Uchuypoma admiten, en un bien documentado trabajo que fue publicado hace tres años, que las recomendaciones de la Comisión han sido puestas en práctica de una manera limitada. Los autores explican este resultado en el contexto institucional que, en verdad, corresponde al del país en el que las violaciones de derechos humanos se produjeron. Esta explicación nos recuerda la figura del perro que se muerde la cola: si las condiciones del país fueran otras, las violaciones de derechos humanos no hubieran tenido lugar.

En realidad, el asunto principal es, precisamente, el de las condiciones del país en las que el informe de la Comisión apareció. Al abordarlo resulta de utilidad examinar el lugar en el que la opinión ciudadana ubicó la creación de la Comisión, su trabajo y el informe como resultado. Para ello se cuenta con el trabajo de IPSOS, cuyas encuestas permiten trazar la evolución en la opinión ciudadana sobre el asunto.

Como sabemos, la CVR fue creada en julio de 2001 y entregó su informe el 28 de julio de 2003. En el momento de su creación, la CVR contaba con la aprobación de 86% de entrevistados. Unos meses después, en abril de 2002, la aprobación de su trabajo, que aún se hallaba en curso, alcanzó 64%. Dos años después de haber sido entregado el informe de la CVR y haberse difundido sus resultados, en agosto de 2005, el nivel de aprobación del trabajo realizado era de 55%. En cualquier caso, el respaldo de la CVR y su trabajo, pese a una progresiva declinación, durante los cuatro años posteriores a su creación nunca fue inferior a la mitad de los encuestados.

Entre los datos recogidos por IPSOS se encuentra el correspondiente a las respuestas, dadas en setiembre de 2003, a la pregunta ¿Cómo cree que fue la Comisión de la verdad frente a…? Las respuestas, tienen interés no tanto para evaluar lo hecho por la CVR —acerca de lo cual, como se verá enseguida, la mayoría de los ciudadanos no habían logrado suficiente información—, sino que mostraban la opinión existente en el país acerca de los actores intervinientes en el conflicto. Consideraron que el trabajo había sido “excesivamente duro” con Sendero Luminoso 19% y con el MRTA, 17% de quienes respondieron; con las fuerzas armadas, 24%; con el gobierno de Alberto Fujimori, 23%. Un año después, dos tercios de los entrevistados consideraron que el informe era “muy blando con Sendero y muy duro con las fuerzas armadas” y apenas una cuarta parte de los encuestados sostuvo que el informe era “objetivo y equilibrado”.

Pero al evaluar esos datos debe tomarse en cuenta el desconocimiento del trabajo de la CVR. Las respuestas dadas en setiembre de 2004 revelan que los encuestados no tenían conocimiento del informe (36%) o solo sabían de él por lo publicado por la prensa (57%), según declaraban. Apenas 3% dijo haber leído todo o parte del informe y 4% había leído las conclusiones o escuchado el discurso de su presidente, Salomón Lerner. Subrayemos que si en esa encuesta solo 53% de los entrevistados dijo conocer o haber oído hablar del informe, nueve años más tarde, en noviembre de 2013, el porcentaje de esa respuesta había decrecido hasta 34%.

Entre el desconocimiento y la polarización

¿Qué nos dicen esos datos?

Lo primero es que la ciudadanía ha conocido la idea de la Comisión de Verdad y Reconciliación pero desconoce su trabajo y el informe; o los conoce solo a través de la versión que han dado los medios de comunicación (y este tema merecería un análisis aparte). Lo segundo es que el respaldo inicial a la idea de la Comisión ha ido decreciendo, probablemente como consecuencia de la versión que acerca de ella han difundido los medios de comunicación.

Creo de utilidad notar que la Comisión y su informe cayeron en un país políticamente polarizado en las últimas tres décadas en torno al fujimorismo. Esta polarización ha engullido a la Comisión y su trabajo, sobre la base del desconocimiento ciudadano.

La polarización política es vieja en el Perú y la que hasta hoy enfrenta fujimorismo y anti-fujimorismo es solo la última de una larga serie. Si se echa una mirada atrás, podría irse hasta aquella que se produjo en torno al civilismo o las que pusieron frente a frente a pierolistas y anti-pierolistas, como a leguistas y anti-leguistas. Pero la más importante, que los mayores de nosotros hemos presenciado, ha sido la de apristas y anti-apristas.

Obsérvese que todos en estos casos no se trata de una contienda entre dos adversarios políticos, como pueden ser demócratas y republicanos en la historia de Estados Unidos, o laboristas y conservadores en la de Inglaterra. En el caso peruano estamos ante enfrentamientos en los que hay mucho odio de por medio; un odio que pasa por encima de la separación entre la verdad y la calumnia lanzada de modo premeditado con el objetivo de destruir al adversario. Ese estilo ha teñido la historia política del Perú; en ese terreno se instaló la Comisión y a él llegó su informe que, como era previsible, ha quedado sujeto al tironeo de unos y otros.

El país relativamente informado hoy está dividido en dos, en torno a la Comisión y su informe. Unos creen que hubo una política sistemática de violación de derechos humanos tanto de parte de Sendero como de las fuerzas armadas. Los otros dicen que, de parte de las llamadas “fuerzas del orden” solo hubo excesos o, peor aún, sostienen que lo que ocurrió era necesario en una guerra. El saldo positivo es que nadie niega lo que ocurrió ni cuestiona el escenario social que sirvió de marco para la tragedia, diagnóstico al cual la Comisión dedicó certeramente una parte de su informe.

Carencia de auditorio

Resulta difícil sostener que el trabajo de la Comisión ha contribuido a la reconciliación. Es verdad que ha aportado algo relativamente importante para el conocimiento de la verdad. Pero esa verdad no ha tenido una amplia aceptación sino que ha devenido sesgada por las opciones políticas.

Algunos autores han insertado el trabajo de la CVR en un proceso de “reconstrucción institucional” del país, posterior a la dictadura de Alberto Fujimori. El proceso del país, más bien, ha derivado en una situación política y social cuyo futuro es incierto, y en el que ninguna “reconstrucción” tiene lugar. Más bien, se asiste a un continuo proceso de desmoronamiento, tanto en las instituciones como en las conductas sociales.

Recordemos que, de acuerdo a la ambiciosa propuesta de reformas institucionales formulada por la Comisión, se trataba de crear una relación distinta entre Estado y sociedad; esta propuesta no ha encontrado lugar en el país, que hoy se encuentra en un acelerado proceso de degradación en tantos sentidos y se halla dramáticamente carente de rumbo.

El país no solo está polarizado políticamente; también la desconfianza se ha generalizado y ofrece diversos signos de desesperanza. En esa atmósfera, que es la de “un pasado irresuelto”, como dice el título de una importante publicación de IDEHPUCP, los frutos de la Comisión de la Verdad tienden a diluirse.

En suma, si nos preguntamos por lo ocurrido con el mensaje de la Comisión, hay muchos indicadores de que en el Perú de hoy no ha habido —y aún ahora no hay— auditorio para ese mensaje. Los oídos de la ciudadanía están cerrados a él.

Puede concordarse con Miguel Giusti en que “El Informe Final de la CVR sigue siendo un referente ético fundamental en la comprensión de nuestra historia como nación, de las causas de su aún dolorosa fragmentación”. No obstante, cuando se escriba la historia de estos años desdichados, el trabajo de la CVR será visto como un esfuerzo digno, serio y honrado que no pudo alcanzar sus más altos propósitos.