Han transcurrido más de cuatro décadas desde el fin del gobierno militar (1968-1980) y la vuelta a la democracia con el segundo gobierno de Fernando Belaunde. Pero los peruanos no están satisfechos con la democracia que tienen. Las encuestas revelan un creciente malestar ciudadano con esta democracia y sitúan al país en la cumbre de la insatisfacción que también padecen otros países latinoamericanos. Igualmente reveladora es la respuesta a las preguntas relativas al desempeño de los principales actores políticos, que colocan entre los beneficiarios de su actuación a los grupos de poder —incluidos los ilegales— y a los propios actores. La confianza en instituciones y partidos está por los suelos.

Los hechos que se suceden en la escena política peruana incrementan la insatisfacción. Mientras en el Ejecutivo solo parece interesar la sobrevivencia, en el Legislativo se intenta perpetuar la defensa de intereses particulares con nuevas triquiñuelas que permitan sobrevivir a los actuales congresistas. A ocho meses de las elecciones generales —en las que competirán más de cuarenta grupos que solo tienen ambiciones reunidas—, el panorama es desalentador.

Más de cuatro décadas de apuestas fallidas

En 1980 se instaló un gobierno democráticamente elegido. Sucedió al gobierno militar que, en sus doce años, había fracasado en su intento de cambiar el país por la vía autoritaria. Pero en su segundo gobierno Fernando Belaunde no pretendía cambiar nada. Simplemente, administró la cosa pública siguiendo un estilo cuya teoría se adjudicó al presidente Manuel Prado (1956-1962), esto es, “Hay dos tipos de problemas: los que se resuelven solos y los que no se puede resolver”.

Aparentemente Belaunde consideró que en el segundo grupo estaban tanto la subversión —que Sendero Luminoso inició el mismo día en que se eligió presidente y parlamento— como la inflación —alrededor de 110% en 1983 y en 1984— y, en términos generales, la economía: en 1983 el producto bruto interno decreció diez por ciento. Por su parte, el Congreso —donde la alianza gobernante disfrutó de mayoría— privó al Poder Judicial de buenos jueces reclutados durante el docenio militar, cuya calidad e independencia nadie había puesto en duda.

Con tan mediocres resultados, la ciudadanía decidió apostar por Alan García y su promesa de un “futuro diferente”; así llegó el Partido Aprista al poder, un triunfo que Haya de la Torre no pudo alcanzar en sesenta años de carrera política. La economía se recuperó inicialmente, hasta que fue aplastada por la inflación: 1,722% en 1988, 2,775% en 1989 y 7,649% en 1990. En 1988 el producto bruto interno se contrajo 9.4%; el año siguiente volvió a decrecer, 12.3%. Se creó el dólar MUC, que junto con los estímulos otorgados a falsas exportaciones instauró la corrupción en gran escala. Mientras tanto, se apristizó el aparato de justicia y el Ejército continuó a cargo del problema subversivo: los muertos se multiplicaron; incluso se ejecutó a cientos de detenidos en Lurigancho y El Frontón.

Con el apoyo del gobierno de García, Alberto Fujimori derrotó a Mario Vargas Llosa y llegó a la presidencia en 1990. Luego de un shock que aumentó la pobreza, la economía se recuperó hasta llevar el crecimiento del producto a 12.3% en 1994, pero cuatro años después pasó a un porcentaje negativo (0.4%). Desde 1998 el país mantuvo la inflación en un solo dígito. Disuelto el Congreso en 1992, se instauró una dictadura que controló los medios de comunicación, amnistió a los militares responsables de violaciones de derechos humanos, estableció redes de corrupción en el Poder Judicial y cercó a la oposición, con el concurso del todopoderoso asesor Vladimiro Montesinos. La detención de Abimael Guzmán, producida en 1992, sirvió para legitimar ante un sector de la ciudadanía no solo las violaciones de derechos humanos sino también la corrupción de su gobierno, delitos por los que Fujimori en 2010 fue posteriormente condenado a 25 años de prisión.

Luego del paréntesis del gobierno transitorio de Valentín Paniagua —que lamentablemente no limpió a las fuerzas armadas de los núcleos montesinistas—, llegó Alejandro Toledo (2001-2006). Él inauguró una conducción del gobierno en “piloto automático”, que dejó la economía en manos de gentes ideologizadas por el neo-liberalismo que aprendieron en el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. La receta fue simple: facilitar la inversión privada y cuanto menos Estado, mejor. Al lado de esa política económica, que sobre la base de un crecimiento sostenido efectivamente redujo los niveles de pobreza pero renunció a implantar servicios públicos de calidad. El resultado se ve en un ineficaz sistema de salud pública—que con ocasión de la pandemia situó al país con la mayor mortandad por número de habitantes— y una educación pública que avergüenza al país.

Mientras tanto, la corrupción se fue extendiendo como un cáncer. Responsabilizar de la corrupción solo a los políticos es excesivo. El país se ha corrompido en diferentes ámbitos, al tiempo que en la escena política personajes, con o sin partido, elegidos en todos los niveles —poder ejecutivo, poder legislativo, gobiernos regionales y municipalidades— han optado por beneficiarse en lo que han tenido a mano. Ciertamente, Alan García aportó lo suyo en el segundo gobierno (2006-2011), como lo hizo en seguida “la pareja presidencial” Ollanta Humala-Nadine Heredia.

Vuelta a la realidad

Luego de la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski —un lobista de carrera elegido como beneficiario de la polarización fujimorismo/anti-fujimorismo— la pandemia vino a mostrar al país tal cual es. Y demostró que aquellos que creían haber salido de la pobreza, en rigor, estaban en la fragilidad que unos meses de confinamiento revelaron. Se hizo patente entonces el engaño de la prédica sobre los emprendedores que, albergándose en la informalidad, establecieron un negocito precario que no resistió los efectos del virus. Esto no solo ocurrió en el Perú, pero en nuestro caso resaltó la endeblez de lo construido en cuarenta años. Algunos lograron mucho, pero la mayoría fue forzada a volver al punto de partida.

Carente de brújula, apenas orientado por su popularidad en las encuestas y el modo de beneficiar a los miembros de su informal club moqueguano, el gobierno de Martín Vizcarra mantuvo el estilo de gobierno en nuestra débil democracia. Se inició luego la fase de la mayor incompetencia. Pedro Castillo —quizá el menos dotado de quienes han pasado por el cargo en estas décadas— y Dina Boluarte, rodeada de escándalos y denuncias, han llevado la parodia democrática a niveles que no hubiéramos podido imaginar.

Son más de cuarenta años en el que solo han sido exitosos los rápidos enriquecimientos individuales de quienes han ejercido el poder. Ningún gobierno ha sido exitoso en estas décadas. Todos han terminado repudiados y sus cabezas visibles han estado o están en manos de la justicia, al tiempo que el país ha seguido en curso de degradación. Pero el electorado, convocado forzosamente a las urnas cada cinco años bajo pena de multa, ha seguido apostando una y otra vez, con decrecientes expectativas, a ver si en la próxima acierta. La próxima tendrá lugar en abril de 2026 y nada indica que vaya a ser una ocasión distinta a las anteriores.