Los textos que reúne el volumen que acaba de publicar Planeta con el título de esta nota son apuntes y reflexiones que he producido a lo largo de unas décadas y están dirigidos a alcanzar al ciudadano los elementos de comprensión en torno a ese aparato solemne y distante que, en la búsqueda premeditada de hacerse ininteligible, pretende resguardar sus serias debilidades. Han pretendido así combatir a la justicia que padecemos.
Al reunirlos en un libro han sido agrupados en tres secciones, precedidas por algunas interrogantes, algo perturbadoras, acerca de cómo viven personalmente el derecho y la justicia abogados, jueces y ciudadanos.
La primera sección intenta trazar un perfil de nuestra administración de justicia a partir de diversas fuentes: la literatura peruana, encuestas de opinión pública y, por cierto, decisiones judiciales que resultan, cuando menos, llamativas. Al lado, se examina el papel de los medios de comunicación en confrontación con el sistema y se propone un balance de los intentos de reforma realizados en el país a lo largo de medio siglo.
La segunda sección se detiene en los operadores del sistema de justicia, especialmente en los jueces, cuyas limitaciones se muestran aquí en relieve. Complementariamente, se apunta al papel desempeñado por los fiscales, que resulta clave en la persecución penal, al de los abogados litigantes —importantes protagonistas que han pasado algo desapercibidos— y los defensores públicos, actores menores del drama. Junto a ellos también merece un apunte el impacto de la descomposición policial en los procesos judiciales.
La tercera sección se enfoca en los mayores perjudicados de ese drama: de un lado, las víctimas; de otro, los presos y detenidos. Todos ellos sufren: los primeros porque no encuentran la justicia que buscan; los otros porque, sean culpables o no, reciben los ultrajes que parten de manos de aquellos a quienes se ha encargado un orden, en los hechos, nocivo.
Finalmente, se incluye dos notas complementarias. La primera es una reflexión desencantada acerca de qué se necesita para reformar la justicia y a quién le interesa emprenderla. La segunda es una nota reciente en la que repaso en términos personales mi relación con el tema de la justicia, al que he dedicado décadas de trabajo tanto académico como de reforma institucional.
Estos textos están conducidos por dos principales líneas argumentales. De un lado, la constatación en los operadores del sistema tanto de su falta de independencia como de la mediocridad que los caracteriza. De otro, el escepticismo acerca de las posibilidades de encontrar remedios suficientes para contener el avanzado estado de la enfermedad que corroe el funcionamiento del sistema.
De la confluencia de estas líneas resulta que aquello que llamamos justicia lo sea solo de nombre, puesto que sus decisiones, postergadas con exasperante lentitud, están sujetas a precios que se pagan con enorme sacrificio o que simplemente no se puede pagar y causan sufrimiento.
No obstantes los cargos que este volumen contiene contra esa justicia, el curso adoptado por el aparato del Estado en el momento de su publicación obliga a hacer una importante observación. Debido a esas sinuosidades de la historia que Jorge Basadre imputó al azar y dedicó un libro, es desde altas instancias de las entidades del sistema de justicia que se viene librando una lucha en defensa de la institucionalidad que, paralelamente, desde el Ejecutivo y el Legislativo, se socava de modo acelerado.
Criterios como la necesidad de que las normas constitucionales y los principios jurídicos más valiosos prevalezcan sobre los intereses particulares son hoy sostenidos por quienes se encuentran situados a la cabeza del Poder Judicial y la Fiscalía de la Nación. Probablemente, las evidencias que pueden sorprendernos al respecto no sean suficientes para disipar la trayectoria predominante en el sistema de justicia, pero es necesario dejar constancia de esta paradoja a la que el país asiste.
