Los políticos que tiene el país piden desde la expulsión del Coordinador residente de Naciones Unidas hasta el retiro del Perú de la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Un comunicado de Naciones Unidas y un informe publicado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos han sido los detonantes para que se reviva aquel enfrentamiento que ya Alberto Fujimori intentó.
En esa dirección, quienes hoy mandan en el Perú no solo imitan al corrupto dictador nacional. Cada vez que una instancia internacional anuncia una investigación o publica un informe que incomoda a un gobierno dictatorial latinoamericano, la respuesta es de ese mismo tipo. Y los ejemplos más claros y presentes de esto son los gobiernos de Ortega en Nicaragua y de Chávez-Maduro en Venezuela.
En Nicaragua, Ortega
Según la información oficialmente disponible, hace cinco años, en agosto de 2018, el gobierno de Nicaragua pidió a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) que “completara su misión” en el país, solicitándole su salida de Nicaragua, como represalia a su trabajo sobre lo que ocurre en ese país. Desde entonces, no ha permitido el retorno de la Oficina al país y, actualmente, no responde a las comunicaciones y pedidos de información que le dirige la Oficina Regional para Centroamérica y el Caribe de la OACNUDH.
Por la misma razón, meses después, en diciembre de 2018 el gobierno decidió “suspender temporalmente” la presencia de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) en el país. Desde entonces, el Estado no se presenta a las audiencias públicas de la CIDH e incumple las medidas cautelares otorgadas por esta.
Asimismo, el 19 de diciembre de 2018 el gobierno de Nicaragua solicitó al Grupo Interdisciplinario de Expertos Independiente (GIEI Nicaragua), establecido por la OEA, abandonar el país. Hasta ahora, Nicaragua no ha cumplido las recomendaciones formuladas por el GIEI en su informe de 21 de diciembre de 2018. Desde 2018, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha ordenado 15 medidas provisionales a Nicaragua, que el Estado nicaragüense ha ignorado.
En términos más amplios, desde 2009 el gobierno de Ortega no ha permitido ninguna visita al país de Relatores Especiales, Expertos Independientes y Grupos de Trabajo.
El 7 y 8 de octubre de 2021 el gobierno se presentó al examen de su quinto informe periódico ante el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, pero se abstuvo de responder a las preguntas de sus miembros. El 14 de julio de 2022, el gobierno no compareció en el segundo examen periódico ante el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas.
El 23 de marzo de 2022 el gobierno “retiró el beneplácito” al Jefe de Misión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) en Nicaragua.
El Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas creó en marzo de 2022 el Grupo de Expertos en Derechos Humanos sobre Nicaragua. El Gobierno ha rechazado, hasta ahora, la creación de este mecanismo de seguimiento en este ámbito.
En Venezuela, Maduro
Marta Valiñas preside la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela, creada por el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en setiembre de 2019 y cuyo ingreso al país no ha sido autorizado por el gobierno de Maduro desde entonces. En su último informe ante el Consejo, Valiñas ha señalado “la falta de independencia judicial y la interferencia de los actores políticos en el sistema de justicia” del país. Puntualizó que recientes reformas “aumentan, la influencia política sobre el Poder Judicial”.
El representante venezolano ante el Consejo, Héctor Constant, calificó tales señalamientos como “innumerables falsedades, medias verdades y ‘fake news’ en contra mi país”, al tiempo de rechazar a la Misión que, indicó, “pretende erosionar la soberanía y la autodeterminación de Venezuela”. Préstese atención al argumento porque el rechazo a la supervisión de organismos internacionales es usado por todo gobierno autoritario: “Jamás aceptaremos la injerencia o intervención de ningún mecanismo inquisidor contra nuestra Patria”.
En marzo de este año, la Misión denunció: “En un contexto de impunidad generalizada respecto a los graves crímenes reportados en nuestros informes anteriores, las personas que critican o se oponen a las políticas del Gobierno se sienten amenazadas, desprotegidas, y temen ser detenidas y sometidas a torturas por el Gobierno, lo cual obstaculiza la libertad de expresión y derecho a la protesta en el país”. Patricia Tappatá, experta de la Misión observó que “Los medios no pueden llevar a cabo su labor informativa en libertad cuando existe una amenaza constante de represalias”.
Perú en la cola
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) hizo público en mayo un informe acerca de la situación de los derechos humanos en el país, en el contexto de las protestas sociales que entre diciembre y enero fueron reprimidas al costo de medio centenar de muertos. La CIDH pasó a la lista de los incómodos para quienes hoy controlan el poder. Recientemente, el gobierno de Boluarte ha hecho público un proyecto para limitar la información de los medios de comunicación sobre las protestas sociales.
El 7 de septiembre, el Sistema de Naciones Unidas en el Perú publicó un comunicado en el que se expresó “preocupación ante la aprobación del pleno del Congreso de la República de avanzar con la investigación sumaria de los miembros de la Junta Nacional de Justicia (JNJ), lo cual podría derivar en su remoción total”. Al puntualizar que la Junta “tiene un rol crucial para mantener el equilibrio de poderes y para la administración de la justicia en el país”, el texto recordó que es un principio básico de Naciones Unidas que “todas las instituciones gubernamentales y de otra índole respetarán y acatarán la independencia de la judicatura”.
Inmediatamente después, Volker Türk, Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, desarrolló la misma preocupación ante el Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas. “Desde enero, mi oficina ha documentado 13 proyectos de ley y cinco acusaciones constitucionales del Congreso que han suscitado preocupación por la injerencia en órganos constitucionales autónomos, en particular el Jurado Nacional de Elecciones y la Junta Nacional de Justicia”, afirmó.
“En Perú, me preocupa la apertura de una investigación parlamentaria sobre todos los miembros de la Junta Nacional de Justicia, institución independiente encargada de nombrar a jueces y fiscales. La investigación podría afectar a la independencia judicial y a la separación de poderes”, sostuvo. Como se sabe, ante el Congreso han sido planteadas cinco denuncias constitucionales contra la Junta, tres de las cuales son iniciativa de Patricia Chirinos. “Hago un llamado al Congreso para que acate los Principios Básicos de las Naciones Unidas relativos a la Independencia de la Judicatura y respete el equilibrio de poderes del Estado”, invocó Türk.
El mandato de los consejeros de la Junta Nacional de Justicia finalizará en diciembre de 2024. Pero antes de cesar en sus funciones deberán elegir a los nuevos jefes de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) y del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (RENIEC). Destituir a los miembros de la Junta abriría el camino a que los políticos actuales escojan a la medida a los nuevos integrantes, que a su vez designarán a las autoridades electorales. De allí que se haya apuntado que si se controla políticamente a la Junta “la democracia en el Perú habrá terminado”.
El objetivo es amplio pero no imposible. De un lado, se trata de controlar el nombramiento y la remoción de jueces, con lo cual se garantiza tanto el acoso de los adversarios como la impunidad de los propios; recuérdese que 47 congresistas –algo más de un tercio del total– están bajo investigación del Ministerio Público. De otro, se busca manejar a gusto los procesos electorales. Si las entidades internacionales –de las cuales el Perú es parte integrante– pretenden advertirnos del curso que está tomando el país, hay que expulsar a sus representantes o retirar al país de ellas.
Es oscura la vía en la que se está inscribiendo el país. Es la ruta de los apestados. De la que no se sale pronunciando un discurso en Naciones Unidas.
