Decenas de ministros se suceden, unos peores que otros. Las denuncias de corrupción han producido fugas de gentes cercanas al presidente. Leyes aprobadas por insistencia en un parlamento dedicado a favorecer intereses particulares. Actores políticos –todos– que provocan indignación por su ineptitud junto a su falta de vergüenza. Todo esto en medio de un paisaje de insatisfacciones sociales que, aunque son de vieja data, se encrespan ahora con las consecuencias de una guerra lejana.
Hace unas décadas se hubiera pensado que la situación era la inmediatamente anterior a un golpe militar. Hoy tal desembocadura es muy poco probable. No porque falten algunos desquiciados que, de rato en rato, lanzan invocaciones –o provocaciones, más bien– a las que en otros tiempos se acostumbró llamar instituciones tutelares. En contra de tal posibilidad corren tanto un clima americano en el que los golpes no son militares, como la desinstitucionalización de unas fuerzas armadas que, corroídas por la corrupción, carecen de una doctrina profesional.
Descartado el golpe militar con el que sueñan unos pocos, quedan dos posibilidades. Una consiste en que, de algún modo aún no claramente perfilado, se vaya a ese adelanto electoral reclamado por el ¡Que se vayan todos! La otra es que el país siga dando tumbos durante otros cuatro años, al cabo de los cuales se elija, sin apuro, a quienes se hagan cargo de Ejecutivo y Legislativo. La primera vía se anuncia bastante tortuosa; la segunda no provoca ninguna ilusión.
El adelanto electoral no parece estar a la mano debido a que el mecanismo para producirlo está en manos de quienes verían afectados sus apetitos al ponerlo en marcha. La presidenta del Congreso –un personaje menor con apetitos grandes– parece haber sido convencida de que puede vacarse al presidente y convocar a elecciones para reemplazarlo solo a él. Si bien es posible defender esa tesis jurídicamente –como es posible sostener la contraria, debido a una imprecisión en el texto constitucional–, políticamente es inviable. Así lo indican claramente tanto el nivel de desaprobación del Congreso, mayor al del presidente –solo 16% de los entrevistados por IPSOS en junio aprueban la actuación del Congreso–, como la voluntad mayoritaria de cesar a todos, también registrada por las encuestas de opinión.
Si realistamente no es posible hacer que se vaya Castillo sin que lo acompañe todo el actual elenco parlamentario, los congresistas no decidirán que se vaya. En esto no solo pesan los más de cincuenta sueldos por cobrar hasta julio de 2026 sino las múltiples oportunidades pendientes para hacer negocios y negociados desde el cargo. Tanto esos sueldos como los chanchullos son ganancias inalcanzables en otra actividad para la mayoría de nuestros actuales padres y madres de la patria. De allí que en este terreno a Castillo le baste con recordar la amenaza: “Si me voy yo, nos vamos todos”.
Cuatro años se hacen muy largos
¿Significa ese atolladero parlamentario que Pedro Castillo tiene asegurados los cuatro años restantes del periodo? En modo alguno. La semana anterior ofreció una buena muestra de las dificultades de un presidente que solo atina a buscar, día a día, la supervivencia en el cargo. El domingo 12 trajo una larga entrevista en la televisión pública, cuajada de ambigüedades y mentiras, según se ha analizado. El lunes 13, la derrota de la selección de fútbol, y la consiguiente eliminación peruana del Mundial de Qatar, liquidó el recurso de distracción usado por el gobierno con un oportunista día festivo. El miércoles 15, la audiencia ante el juez que debe resolver –pero tarda en resolver, probablemente abstraído por descifrar cómo habrán de soplar los vientos– sobre la intentona del presidente para bloquear la investigación fiscal que se ha iniciado, se volvió viral en las redes debido a una aparición imprevista, que puso en aprietos al abogado de Castillo. El viernes 17 las casi cuatro horas que Castillo compareció en la Fiscalía de la Nación debieron parecerles eternas. El domingo 19 la Corte Superior de Lima confirmó que no se archivará la denuncia formulada contra él en el Congreso por traición a la patria –en rigor, el cargo menos sostenible de los que pesan sobre Castillo–. Y el martes 21 deberá comparecer ante la Comisión de Fiscalización del Congreso para explicar –es un decir– otros asuntos sí turbios.
En la última encuesta de IPSOS, siete de cada diez entrevistados desaprueban al presidente y el porcentaje de quienes creen que debería renunciar se ha estabilizado desde abril en más de sesenta por ciento. En rigor, la situación de Castillo es de una fragilidad extraordinaria, derivada tanto de su irremediable ineptitud para desempeñar el cargo, como de la marea negra de la corrupción que lo cerca crecientemente. Cualquier incidente puede terminar con su gobierno.
No lo creen así quienes piensan que el país se caracteriza por una mezcla de desinterés por el destino colectivo con una resignación demostrada frente a diversas circunstancias graves. Según la encuesta de IPSOS ya citada, las dos principales razones por las que los ciudadanos no asisten a las marchas contra el presidente son: no se cree que el país mejore con la salida de Castillo (35%) y la gente no se interesa por la política, cada uno vive su vida (34%).
Faltos de alternativas
Dado que no hay nada mejor en el menú de opciones políticas existentes, Castillo podría mantenerse al frente del país, gobernando sin gobernar, haciendo el ridículo en cuanta oportunidad se le presenta y señalado una y otra vez como partícipe de redes de gestiones delictivas, pero constitucionalmente a salvo de una acusación que lo lleve a juicio antes de dejar la presidencia.
Quizá el punto más fuerte de esta predicción esté en la carencia de alternativas que el país padece y que, si bien es más antigua, se hizo patente en las elecciones de 2021, cuando ninguno de los 17 candidatos obtuvo un respaldo significativo. En definitiva, la falta de opciones conduce a la desilusión y la desesperanza proveniente de que un que-se-vayan-todos puede no conducir a algo mejor. Keiko y sus procesos judiciales, Los Niños de Acción Popular o el Porky alcohólico y con cilicio no ofrecen ningún atractivo.
Ahí está el país, encharcado, carente de liderazgos sólidos, harto de personajes incompetentes en la escena pública que solo atienden a sus propios intereses. ¿A cuál desenlace puede llegar esta sucesión de denuncias que finalmente no resuelven nada, en medio de un encarecimiento de precios y, tal vez, una carencia de alimentos que, como es previsible, podría afectar especialmente a los más pobres?
