A siete meses de iniciado el gobierno de Pedro Castillo no ha dado un solo paso importante en su gestión; ni siquiera hay líneas claras de trabajo en los graves problemas del país, a los que el presidente alude retóricamente con frecuencia. Se suceden los gabinetes, cambian los ministros –en ocasiones, para peor–, y se hace anuncios que luego se enmiendan o se pone de lado, persistiéndose en un curso errático. La palabra presidencial está totalmente devaluada y su principal utilidad es servir como objeto de memes. Al cabo de siete meses, la incertidumbre se mantiene: no se sabe adónde va el país, quizá porque el timonel tampoco lo sabe.
En materia de salud, que aún debe enfrentar el muy importante desafío de la pandemia, el ingreso como ministro de un personaje que es un comerciante de sebo de culebra no puede garantizar sino preocupación ciudadana. Que ha sido alimentada por la renuncia de varios mandos del Ministerio. Una serie de cargos públicos, según denuncias varias, están siendo repartidos ni siquiera a allegados políticos sino a gentes que pueden pagar para ser posesionados allí donde se aprovecharán monetariamente de la oportunidad.
En ese marco, se ha conocido el contenido de quien busca ser colaboradora eficaz, Karelim López. La filtración inmediata de lo dicho ante la fiscalía repite una constante en los casos de repercusión pública: una declaración, que legalmente debería permanecer reservada y que no tiene valor de prueba mientras no sea corroborada por otros medios, se transforma inmediatamente en noticia de primera plana en los diarios y en nota de apertura en los noticieros de televisión. Pero no hay en esto ningún complot, como dice sospechar el presidente. Usualmente, las filtraciones se pagan y esto es uno de los muchos rostros de la corrupción en el sistema de justicia. El caso refuerza la pretensión interesada que en el Congreso busca recortar la figura de los colaboradores eficaces, para protegerse de quien quiera delatar los desmanes de los padres/madres de la patria.
Pero, más allá de la discusión jurídica, la importancia del testimonio de López no puede ser negada. SI lo publicado corresponde a su manifestación y SI esas palabras encuentran más apoyo que sus propios dichos, estaríamos ante un sistema –algo burdo, es cierto– de otorgamiento de contratos en licitaciones amañadas, a cambio de pagos a los funcionarios encargados, con el presidente Castillo a la cabeza del entramado.
Si fuere así, la figura de Pedro Castillo habría sido tocada de manera definitiva. La construcción de una imagen de maestro/campesino, escaso pero afable, se vendría abajo para dejar paso al retrato de un sinvergüenza más del escenario político. Esto es, un sujeto que llega a la política para beneficiarse personalmente en el cargo mediante cobros ilícitos. Un lobo con piel de oveja que, cuando asoman sus orejas, opta por hacerse la víctima, la pobre oveja a quien los malos quieren sacrificar.
Estamos llegando a un punto límite. No se trata solamente de los sondeos de opinión que señalan la creciente insatisfacción ciudadana y el descreimiento generalizado en la palabra presidencial. La reciente encuesta del Instituto de Estudios Peruanos –del que, por su trayectoria, no puede sospecharse que forme parte de algún complot– ha ratificado que dos tercios de encuestados (63%) desaprueban la gestión de Castillo y ha notificado que la mitad (48%) prefiere que haya nuevas elecciones generales para reemplazar al Ejecutivo y al Congreso.
En estas circunstancias tampoco se trata de cuántos votos puede reunir en el Congreso, para vacar la presidencia, una derecha que no ofrece una alternativa confiable para reemplazar a Castillo. En medio de una imprecisión constitucional, los congresistas temen que vacar a Castillo y a Dina Boluarte conduzca también a elegir a reemplazos de los actuales, que obviamente se aferran al cargo.
Como en otras ocasiones recientes, el hartazgo popular manifestado en las calles puede ser ahora el factor decisivo. ¿Habrá capacidad de movilización para exigir que se vayan el impostor y sus acólitos? ¿O predominará la aceptación resignada de que en el Perú las cosas son así? Si fuere esto último, quedará demostrado que nos merecemos esta suerte de desgracias.
