Tala ilegal de madera para el tráfico ilícito. Contrabando en las fronteras. Trata de personas –incluidos migrantes– y otras formas de explotación sobre hombres y mujeres. Minería y pesca ilegales. Usurpación mafiosa de la propiedad. Narcotráfico. Piratería de libros y discos. Tráfico de flora y fauna silvestre. Este es el territorio que explora un libro publicado recientemente (Valdés, Basombrío y Vera, Las economías criminales y su impacto en el Perú), que da importantes pistas acerca de un creciente desarrollo que nutre la corrupción y precipita la podredumbre en relaciones e instituciones.

A menudo estas economías –que mueven millones de dólares que no aparecen registrados en las cuentas nacionales– se recubren piadosamente bajo el manto de la “informalidad”; en realidad, corresponden a actividades delictivas. Y la informalidad es la que predomina en el país; como dice un informante: “en el Perú se puede nacer y vivir, reproducirse y morir sin ser formal. En muchas actividades y regiones pueden no usar para nada el sistema financiero”.

El otro engaño consiste en imaginar las actividades de base delictiva en compartimentos separados de las actividades formales; como los autores puntualizan, la ilegalidad económica se eslabona con el sector formal hasta el punto en que los unos no podrían funcionar sin los otros. Tómese el caso de la minería ilegal, cuyo equipamiento es provisto por empresas formales y cuya producción es exportada por empresas también formales. La provisión de insumos para la producción de cocaína también está a cargo de empresas registradas. Y las propiedades usurpadas al Estado y a particulares, al ser transferidas, son inscritas como si su transmisión fuera legal.

Los autores ponen énfasis en que la dificultad para combatir estas economías delictivas no está en la falta de normas. Leyes, decretos y reglamentos existen. El problema es que el Estado no tiene presencia en áreas donde operan algunas de ellas y, donde sí está presente, la aparente negligencia de sus funcionarios es aceitada por la corrupción de la que son parte policías, fiscales, jueces, alcaldes, gobernadores, y el resto de la burocracia. Además, en los últimos años, algunos de los grupos más potentes de las economías ilegales cuentan con representantes en el Congreso y otras altas instancias del aparato estatal.

Algunas actividades ilegales se entrelazan; por ejemplo, el narcotráfico, la trata de personas y el trabajo forzoso se dan usualmente en operación conjunta. Algo similar ocurre con la minería ilegal y la trata de personas o el contrabando. Dice un informante: “Es muy raro encontrar a un grupo que se dedique solo a uno de esos delitos graves. Normalmente se da una multiplicidad de delitos”. Apuntan los autores: “la trata de personas o la explotación humana, al estar en el ‘mercado de los recursos humanos’, proveen de fuerza laboral o de servicios de ‘entretenimiento’ a otras economías criminales y crean sinergias delictivas”.

Poner cifras a todo este cuadro complejo es arriesgado porque no se cuenta con bases sólidas para hacerlo. La Unidad de Inteligencia Tributaria detectó en algo más de nueve años, desde enero de 2011 a febrero de2020, movimientos que corresponderían a lavado de activos –esto es dinero de origen ilícito– por 14,263 millones de dólares estadounidenses.

En el libro se recoge otras cifras disponibles. La mayor corresponde a la minería ilegal, que se calcula en más de 2500 millones anuales. Se estima que el narcotráfico deja anualmente en el país alrededor de 600 millones de dólares estadounidenses. En 2020 la Sociedad Nacional de Industrias sostuvo que por las fronteras de Puno, Tacna y Tumbes ingresaban bienes de contrabando por 457 millones de dólares estadounidenses. Respecto al tráfico de propiedades, solo a la red Orellana se le adjudica ganancias ilícitas de unos 1000 millones de soles. Sobre la base de estimaciones, en el libro se calcula que las economías legales representan 7565 millones de dólares estadounidenses, equivalentes a 7.77% del presupuesto general de la república para el año 2021. Las cifras reales pueden ser mayores.

Los autores afirman que “cientos de miles de personas [se encuentran] involucradas de distintas maneras en las economías ilegales”. Muchas de ellas se han incorporado para escapar de la pobreza, pero sus ingresos no son altos ni entre los que pasan el contrabando que prospera en Puno, ni entre quienes cultivan coca para el narcotráfico, ni entre los que se contaminan trabajando en las explotaciones mineras ilegales. Son gentes que residen en poblados que “no cuentan con servicios públicos básicos y viven en situación de vulnerabilidad”. Se pone como ejemplo el caso del VRAEM, donde “el porcentaje de población en extrema pobreza es altísimo”. De modo que, mientras los capos se enriquecen, la mayoría apenas subsisten gracias al empleo que las economías ilegales les dan y que no encuentran en “el sector formal”.

Concluyen los autores, “es imposible acabar con esos problemas solo con la intervención sectorial y quirúrgica, ya que su capacidad para reproducirse va a ser siempre mayor que la capacidad de respuesta del Estado, porque su existencia y crecimiento responden a factores sociales económicos y políticos que, mientras no cambien, harán imposible obtener resultados lo suficientemente importantes para que estas economías ilegales puedan ser poco a poco reducidas”. Algunos de esos factores son externos –claramente, la demanda de cocaína o la de madera fina en el mercado mundial–, al tiempo que otros son internos:

“• La reducción de la pobreza y eliminación de la pobreza extrema.

• El fortalecimiento de la capacidad institucional del país para hacer cumplir la ley.

• Una mayor capacidad del Estado para tener presencia en todo el territorio con los diferentes servicios que la población requiere y también con la capacidad de controlarlo con el uso legítimo de la fuerza.

• Un conjunto de políticas eficaces y severas de lucha anticorrupción.

• Esfuerzos significativos de desarrollo en las zonas rurales más vulnerables.

• Mecanismos ágiles y radicales para extirpar de la vida política y del acceso a posiciones de gobierno y participación en el Congreso a quienes tienen acusaciones de corrupción y vinculación con las economías ilegales”.

Mírese a la situación del país y sus principales actores –de derecha e izquierda– para preguntarse si es realista esperar acciones concretas y eficaces en tales rubros. Mientras tanto, las relaciones sociales tienden a normalizar los comportamientos ilegales a lo largo de un proceso de descomposición en el que todo vale y quien se atiene a los límites de la ley pasa por tonto.


(Foto: Andina)