El presidente electo Pedro Castillo aparece en el último tramo para superar los múltiples obstáculos interpuestos por Keiko Fujimori, a los que se sumaron otros políticos fracasados como Lourdes Flores y Jorge del Castillo. La “chika” ya aparece derrotada en la segunda vuelta. Una vez proclamado ganador por el Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Castillo deberá tomar posesión del cargo el 28 de julio. Para entonces le esperan desafíos considerables a enfrentar en los cinco años de su mandato.

Su victoria ha sido apretada: entre casi 19 millones de votantes, su ventaja ha sido de apenas algo más de 44,000 votos, cifra que casi repite aquella con la que PPK superó a Keiko en 2016. Cinco semanas después del triunfo –a pesar de las argucias desplegadas por la hija del dictador, que no han tenido efecto ni dentro ni fuera del país–, Castillo debe prepararse para una fase mucho más complicada, en la que se le abren varios frentes. Y eso, en un cuadro social donde muchas demandas exigen resolución y una diversidad de conflictos sociales afecta a diversos sectores pero principalmente a las industrias extractivas. En mayo de este año, la Defensoría del Pueblo identificaba 191 conflictos, que acaso se incrementen en lo que viene, alentados por las expectativas que, desde luego, genera la llegada del nuevo gobierno.

En primer lugar, el mandato de Castillo es legítimo pero, respaldado por 50,1% del electorado, resulta insuficiente para emprender una gran transformación. En segundo lugar, el partido que lo presentó como candidato presidencial adhiere a un marxismo-leninismo, conservador en materias como familia y género, que se traduce en un programa fuera de época. En tercer lugar, diez partidos ocupan escaños en el Congreso, según los resultados de la primera vuelta electoral. Encabezar el Poder Ejecutivo no será suficiente, pues, para llevar a cabo un cambio radical de la sociedad peruana.

El fantasmón de la Constituyente

Ser candidato de Perú Libre –solo porque el fundador del partido, Vladimir Cerrón,  había sido condenado a prisión suspendida por sus malos manejos de fondos públicos– no fue la primera opción de Castillo. En el documental biográfico sobre el profesor se revela que, cuando se decidió a entrar en política, pretendió formar un partido sobre la base de los maestros del país, que son más de medio millón. La tarea de recoger firmas, a fin de inscribir el partido ante las autoridades electorales, se vio interrumpida en 2020 por las restricciones impuestas en razón de la pandemia. Fue entonces cuando Cerrón ofreció a Castillo la candidatura y él aceptó.

Al ideario radical de Perú Libre se sumó la participación de maestros vinculados al MOVADEF –que busca por vías legales aquello que Sendero Luminoso se propuso alcanzar con las armas –, elementos suficientes para que, entre abril y junio, la derecha embanderada por el fujimorismo construyera en los principales medios de comunicación una identificación entre Castillo y el comunismo. Pese a su triunfo, esa imagen pesará sobre su gestión.

Una vez que sean vencidas las mañosas trabas que en el JNE interpone el fiscal reemplazante –también vinculado a los Cuellos Blancos–, concluirá el periodo electoral con la proclamación de Castillo y entonces la principal carga de su raíz izquierdista será la propuesta de convocar a una asamblea constituyente. La derecha la objeta, con o sin argumentos legales, porque teme que con la propuesta se busque, de un lado, neutralizar al Congreso elegido en abril –en el que tienen asegurados más de un tercio de los escaños– y de otro, que una nueva constitución ponga en peligro “el modelo” económico del que tanto se han beneficiado sectores altos y medios. La defensa cerrada de la Constitución de 1993, como si fuera la Biblia, es, pues, para ellos, un asunto más que simbólico. Esto explica los desvaríos que se ofrecen en su custodia.

La izquierda –tanto la nueva como la vieja– han hecho de “una nueva constitución” un asunto fundamental, como si lo fuera. No se escucha razones como las expuestas por Pedro Francke, para quien modificar el texto no es indispensable –ni siquiera en el capítulo económico– a la hora de introducir en el país cambios sustanciales que atiendan a necesidades de las mayorías. Esos cambios son asunto de políticas gubernamentales, de presupuestos y de administración de los recursos disponibles. En este último aspecto se erige un obstáculo formidable, como han señalado Jacquette y Lowenthal, en la regionalización que ha multiplicado órganos donde se combinan ineficacia y corrupción, y que hoy ningún actor político propone reformar.

Tampoco para la izquierda la discusión es simbólica. Lo comprobamos en la experiencia de las izquierdas en la Constituyente de 1978. Los elegidos, con una cuarta parte del electorado como respaldo, prestaron poca o ninguna atención a la gestación del texto que reemplazó a la Constitución de 1933. En cambio, intentaron aprovechar su condición de constituyentes como trinchera de lucha por reclamos y reivindicaciones de sectores populares en los que partidos de izquierda tenían presencia. El reclamo actual de una nueva constitución probablemente se orienta en la misma dirección de agitación y propaganda.

Se prepara pues, un escenario de discusiones inútiles en torno a una propuesta innecesaria. Si acaso, unos cuantos artículos de la Constitución de 1993 podrían ser reformados. Pero la calidad de la educación y de la salud pública no depende de lo que diga la constitución. El mito que propugna cambiar la ley para cambiar la realidad se mantiene lamentablemente vigente.

La gran incógnita de Castillo y sus entornos

En doscientos años de vida independiente, el país nunca vio llegar a la presidencia a un hombre con el perfil de Pedro Castillo, que es la razón por la que muchos electores se han identificado con él y, al mismo tiempo, es la causa de que muchos otros lo rechacen. “El profesor” no esconde sus limitaciones, provenientes de una formación escasa, y usualmente se ha refugiado en discursos que abundan en generalidades y evitan precisiones en materia de planes de gobierno. De allí que algunos comentaristas hayan coincidido en señalar que se sabe quién gobernará pero no qué hará en el cargo y que, en concordancia, los encuestados recientemente por IPSOS declaren que los resultados de la segunda vuelta les generan “preocupación” (46%) o incertidumbre (31%).

Perú Libre y, en particular su fundador Vladimir Cerrón, acrecientan las preocupaciones. Primero, por su ideología envejecida, y segundo, por actuaciones que aparecen como delictivas, en particular la relación con Los Dinámicos del Centro y la posibilidad de que se haya obtenido ilícitamente fondos para la campaña en segunda vuelta. Castillo está obligado a demostrar que rechaza esas compañías.

El acercamiento a Castillo de asesores de la izquierda educada –como Pedro Francke u Óscar Dancourt– ha tonificado las definiciones de gobierno pero ha dado lugar a ciertos forcejeos con los líderes de Perú Libre. Ahí asoma un frente interno en el gobierno a instalarse el 28 de julio. La fisura probablemente se replique en la representación parlamentaria de Perú Libre, 37 congresistas sobre el total de 130. Al parecer, una porción de ellos fueron seleccionados por el propio Castillo y otra por la dirigencia de Perú Libre; las próximas semanas permitirán saber si el gobierno tiene una bancada propia o una dividida.

Si, en definitiva, los 37 actuaran unificadamente, a ellos probablemente se sumarían otros trece –de Juntos por el Perú, el Partido Morado y Somos Perú–, pero en conjunto no alcanzarían mayoría. La derecha, en tanto, contaría con cuando menos tres fuerzas –Fuerza Popular, Renovación Popular y Alianza País– que, expulsado Héctor Valer, suman 43 escaños. Con Keiko derrotada –y en prisión– el líder de la oposición probablemente sea Rafael López Aliaga, que con la mira puesta en 2026 propagará su propuesta de corte fascista, en la discusión pública, donde la viste de catolicidad, y en las calles, valiéndose de sus matones.

Los otros tres grupos suman 36 parlamentarios, de Acción Popular, Alianza para el Progreso y Podemos Perú; son bancadas que probablemente se dividan para pactar con la derecha o con la izquierda, sujetándose en cada oportunidad al mejor postor. Con ellos tendrá que lidiar Castillo, con un propósito doble: evitar que un paso en falso dé lugar a una moción de vacancia que lo descabalgue y sacar adelante algunas de sus propuestas de gobierno, negociadas con los parlamentarios de estas agrupaciones. Castillo tendría que hilar muy fino para, de un lado, mantener unida a la bancada de Perú Libre y, de otro, contar con la flexibilidad necesaria para pactar con las fuerzas que muestren apertura a acuerdos circunstanciales.

Un frente adicional es el empresarial. Aunque desde este sector ha habido apoyo financiero para las campañas de miedo al comunismo, el realismo se impuso a partir del domingo 27 de junio, cuando un editorial del diario El Comercio dio un ‘basta’ a los reclamos infundados de fraude que Fujimori venía formulando. El anuncio, hecho público por Castillo el día anterior, de que había pedido al actual presidente del Banco Central, Julio Velarde, que permanezca en el cargo parece haber sido decisivo. El presidente electo afirmó entonces: “No somos chavistas, no somos comunistas, no le vamos a quitar sus propiedades a nadie, es falso. Somos democráticos, respetaremos la gobernabilidad, la institucionalidad peruana”. La cotización del dólar descendió y la Bolsa de Valores de Lima se reanimó.

En las últimas dos semanas parece haberse producido un divorcio entre los intereses empresariales y las ambiciones políticas de quienes se acreditaban como sus representantes. Mientras estos derivan hacia el golpe militar, más realistas los primeros, parecen haber aceptado la victoria consumada de Castillo y estar preparándose para vivir con su gobierno. Pero, claro está, esa será una aceptación condicionada al desenvolvimiento del mandato.

En particular, los empresarios pondrán atención, de un lado, a qué curso toma el incómodo asunto de la asamblea constituyente y de otro, a los términos en los que el nuevo gobierno maneje los conflictos sociales, buscando soluciones que sean aceptables por los reclamantes y, al mismo tiempo, no alarmen a los mayores intereses económicos. Esa será otra cornisa angosta a recorrer por un gobierno cargado de desafíos.

Una vez proclamado oficialmente como presidente electo, Pedro Castillo tiene una primera oportunidad de definir el perfil de su gobierno al anunciar la composición del gabinete ministerial con el que inicie su periodo. En la encuesta de IPSOS ya citada, la mayoría de los encuestados (54%) preferiría un equipo ministerial proveniente de varios partidos, aquello que en el país se denomina “de ancha base”. Aunque en el Perú los ministros duran poco en el cargo, la selección hecha por el presidente dará una señal indicativa de la dirección a tomar por su gobierno que, a días de tomar posesión, sigue siendo una incógnita.


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