A menos de dos semanas de la elección, nada les ha funcionado. Ni la ola del miedo al “cuco” del comunismo. Ni presentar a Castillo como candidato del senderismo. Ni los falsos resultados ofrecidos por encuestadoras que, en realidad, no existen. Ni las pocas lágrimas de cocodrilo derramadas por Keiko y destacadas en primera plana por uno de los diarios de su campaña. Es hora de intentar algo distinto pero antiquísimo: tocar las puertas de los cuarteles, como se decía antaño.
Ningún escrúpulo se los impide porque la derecha bruta y achorada carece de vocación democrática. La historia ha demostrado que se dicen demócratas cuando el resultado de las elecciones puede favorecerlos o cuando el elegido puede ser controlado. Pese a haber prometido cambios, Belaunde no les resultó un obstáculo, García –el del “futuro diferente”– fue hecho prisionero de los “doce apóstoles”, primero, y luego llamó “perros del hortelano” a quienes defendían intereses legítimos. En definitiva, Fujimori les resultó de mayor utilidad de la que les hubiera sido Vargas Llosa. Toledo no los afectó en nada. Humala fue rápidamente domesticado mediante la corrupción. PPK era salido del riñón de la derecha y Vizcarra se dedicó a lo suyo. Y cuando un demócrata cabal como José Luis Bustamante y Rivero quiso aumentar impuestos a quienes más tenían, encontraron a un general cualquiera para derribarlo.
Esa es la penosa tradición de aquellos a quienes, hablando con propiedad, no puede llamarse elite o clase dirigente; apenas son los que mandan. Ahora, que las encuestas anticipan un posible triunfo de un hombre sin preparación pero que simboliza, para los más, la esperanza de un cambio, los escribas de la derecha bruta y achorada redescubren el concepto de “oclocracia” –el gobierno de la plebe– para descalificar de antemano los resultados del 6 de junio.
Mientras tanto, los intermediarios buscan concertar voluntades –y fondos– para encontrar suficientes mandos de las fuerzas armadas que estén dispuestos, como en 1948, a “salvar al país”. Como antes lo “salvaron” del aprismo. Hoy se trataría de salvarlo del atroz peligro comunista que convertiría al Perú en una especie de Corea del Norte. Para eso, al fin y al cabo, están “nuestras instituciones tutelares”.
En busca de una coartada
Pero se necesita una especie de justificación, aunque sea chueca. Como bruta y achorada que es, la derecha carece de originalidad e imaginación. Han recurrido a copiar a Donald Trump que, apenas entrevió que iba a perder la elección, recurrió a urdir la historia de que sería víctima de un fraude. El primer imitador de ese chato trumpismo fue Rafael López Aliaga, que sigue repitiendo ante quien quiera escucharlo que el 11 de abril él fue víctima de un fraude. ¿Pruebas? Ninguna, claro está. Basta repetirlo para que algún partidario cándido lo crea y, a su vez, lo repita en las redes para que la mentira dé vueltas.
En vísperas de la segunda vuelta, la ofensiva sobre el “fraude” está tomando cierto calado. El argumento busca basarse en que el Jurado Nacional de Elecciones no descalificó la inscripción de Pedro Castillo debido a que no declaró su condición de gerente de una pequeña empresa que nunca funcionó. Y la razón de que el JNE procediera así –esta es la premisa mayor– reside en que lo preside un abogado “defensor de terroristas”. Como Castillo, según se insiste, es apoyado por gentes del MOVADEF, la conexión es clara.
El presidente del JNE es Jorge Luis Salas Arenas, quien es miembro del organismo como representante de la Corte Suprema, elegido al efecto por la sala plena de la misma, con 12 votos a favor y cuatro abstenciones. Hasta donde tengo información, su carrera es la de un magistrado probo, que llegó a presidir la Corte Superior de Arequipa. En la Corte Suprema tuvo desavenencias con César Hinostroza y Pedro Chávarry, lo que resulta muy significativo, dada la trayectoria de ambos personajes. Cuando hace tres años se dieron a conocer los llamados “audios de la vergüenza”, por los que Hinostroza huyó del país, Salas declaró: “Yo era la piedra en el zapato porque estaba insistiendo en que me den la información. Ahora me percato de que había una coordinación interna entre los caballeros”.
En cuanto a su “defensa de terroristas”, la derecha bruta y achorada se sirve del hecho de que, hace treinta años, cuando Salas ejercía la profesión –esto es, antes de ser juez–, fue contratado junto a otros abogados por la Comisión Episcopal de Acción Social (CEAS), órgano de los obispos peruanos, para asumir la defensa de algunos de los muchos ciudadanos que, sin haber tenido vínculos con la subversión, eran víctimas de procesos por terrorismo. Como es conocido por quienes hemos trabajado el tema, CEAS y las oenegés de derechos humanos siempre se negaron a defender a aquellos que hubieran tenido vinculación con Sendero Luminoso o el MRTA.
Nada de eso importa. Para Willax y los diarios al servicio del fujimorismo lo que interesa es fabricar una imagen que presente a Salas Arenas como una suerte de infiltrado del senderismo en el JNE. Si este siniestro comportamiento –que se ampara en la libertad de expresión, al tiempo que calumnias e infamias son ofrecidas al público desinformado como productos del periodismo de investigación– no pudiese tener consecuencias graves, sería risible. Pero es que no solo se trata de desacreditar a una persona sino de demoler a una institución de la que depende la confiabilidad de la elección presidencial.
En palabras del experto electoral Fernando Tuesta, esta campaña es llevada adelante por “una minoría, pero vociferante que no hace otra cosa que clamar por una suerte de fraude. Es lamentable porque empaña el proceso”. Nada les importa; en realidad lo que se busca es justificar un golpe de estado para evitar que gobierne alguien que no conviene a la derecha bruta y achorada debido a que puede afectar sus intereses.
En estos días debe estar discutiéndose si conviene dar un golpe “preventivo” –esto es, antes del 6 de junio–, sobre la base de que el proceso es fraudulento, o después, cuando se conozcan los resultados de la segunda vuelta. Esperemos que alguien haga notar a los conspiradores que, en el marco internacional actual, un golpe de estado en el Perú sería rechazado unánimemente. Y que el presidente Biden –que está adoptando una política dura con ese pequeño sátrapa salvadoreño llamado Nayib Bukele– sería un obstáculo formidable en respaldo de la reacción interna que generaría el desconocimiento de la voluntad mayoritaria.
[Foto de portada: Andina]
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