Por: Luis Pásara
Las revelaciones publicadas por el diario La República en los últimos días presentan al fiscal Germán Juárez exigiendo a los abogados de un prófugo de la justicia, Paul Tejeda Moscoso, que buscaba acogerse a la condición de colaborador eficaz, “necesitamos algo contra el presidente”. Tejeda es propietario de Obrainsa y tiene una investigación preparatoria desde el 2018 por el turbio asunto del Club de la Construcción.
De ser confirmado, el planteamiento de Juárez es una suerte de extorsión tácita, por la que se pedía, en lugar de cargos contra funcionarios de menor rango, evidencias para investigar al presidente de la república. A cambio, debían entender los interlocutores, la solicitud formulada por su cliente, de ser considerado como colaborador eficaz, sería estimada.
Juárez integra el equipo especial del Ministerio Público que investiga el caso Lava Jato y dirige el fiscal Rafael Vela. Luego de publicada la revelación y los comentarios que han seguido, Vela ha defendido la actuación del fiscal Juárez valiéndose de una secuencia de fechas que está en cuestión. Nada convincente.
La gravedad de esta denuncia contra la actuación del MP es muy grande porque pone en tela de juicio todos los procedimientos de investigación en curso que están a cargo de este equipo fiscal. Un equipo en el cual la opinión pública había confiado como la avanzada en la lucha contra la corrupción.
Como se sabe, desde que se implantó la reforma procesal penal, los fiscales son actores clave del proceso. De ellos, y no de los jueces, depende investigar el delito, reunir las pruebas y acusar al responsable. Los jueces deben evaluar esas pruebas y absolver o condenar. De modo que la responsabilidad de que la justicia penal desarrolle a cabalidad su tarea es, en primer lugar, de los fiscales.
La actuación de nuestros fiscales anticorrupción ha recibido reproches basados en los largos plazos de investigación que, sucesivamente prorrogados, no producen acusaciones para ir a juicio. Los fiscales parecen contentarse con filtrar declaraciones de colaboradores eficaces, que no están corroboradas por otras evidencias, para provocar escándalos periodísticos y solicitar medidas de prisión preventiva. Varios investigados han tenido que ser puestos en libertad porque en sus casos no se produjo acusación fiscal.
El interés político de los fiscales anticorrupción aparece en el hecho, este sí probado, de que la declaración solicitada al investigado Tejeda Moscoso se circunscribió a sus recuerdos sobre la alegada corrupción de Martín Vizcarra. La recuperación de memoria fue debidamente premiada por el fiscal Juárez que, una semana después de la declaración de Tejeda, pidió al juzgado cambiar la orden de detención ya dictada por una de arresto domiciliario. El investigado se fue a su casa y su declaración fue filtrada a los medios. El alboroto desatado fue el primer paso hacia la vacancia de Vizcarra por incapacidad moral que el Congreso aprobó.
Algunos comentaristas maliciosos habían señalado que los fiscales anticorrupción prestaban atención preferente a los casos de corrupción en los que aparecían como posibles responsables algunos connotados adversarios del entonces presidente Martín Vizcarra. De pronto, se dice que un fiscal del equipo buscaba evidencias en contra de él. Si ambos hechos son ciertos –y es hora de volver a mirar acuciosamente todas las actuaciones fiscales en busca de huellas– qué puede explicar el giro.
A pocos meses de las elecciones generales, otras actuaciones fiscales tienen claras repercursiones políticas. Julio Guzmán, precandidato del Partido Morado, tiene abierta por el MP una investigación preliminar cuyo plazo es exactamente el que nos separa de la fecha de los comicios. Y Fuerza Popular ha sido incorporado en un proceso del cual pende su inhabilitación como partido político.
Por otro lado, en los primeros días de octubre, un fiscal del mismo equipo que encabeza Vela fue captado fotográficamente por la policía mientras negociaba con dos emisarios del ex premier César Villanueva, investigado por las coimas recibidas de Odebrecht. Siendo congresista, Villanueva fue promotor de la vacancia/renuncia de Kuczynski que permitió a Vizcarra ocupar la silla presidencial. El fiscal Alexander Taboada, que junto con Germán Juárez viajó a Brasil para recibir el testimonio de Jorge Barata, atendió en reunión informal a los intermediarios del investigado Villanueva, uno de los cuales era otro fiscal, Ronald Chafloque. Que el encuentro se hiciera público, por iniciativa policial, les costó entonces la destitución tanto a Taboada como a Chafloque. En esos días, en otra actuación, la policía encontró en el despacho del fiscal Alberto Rossel, de la fiscalía de Lima norte, 71 mil dólares estadounidenses y 24 mil soles.
Con tales antecedentes, ante la denuncia pública sobre la conducta de Juárez, avalada por Vela, qué interpretación cabe. ¿Los fiscales juegan a la política haciendo apuestas que cambian de signo con frecuencia, o la corrupción explica, como en tantas instituciones del país, en qué dirección se mueve la actividad del MP?
[Foto de portada: Andina]
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