Que el “Apruebo” –indicador de la voluntad popular de contar con una nueva constitución– haya recibido 78% de preferencias entre quienes participaron en la consulta, también tendrá efectos fuera de Chile. En el caso peruano, la demanda de reemplazar la Constitución vigente de 1993 ha sido levantada en más de una campaña electoral por algunos actores políticos que ahora verán la oportunidad de volver a levantar su plataforma, reforzada desde el vecino del sur. Pero la pregunta es: ¿cuánto de los problemas concretos que afronta el país pueden ser resueltos por un nuevo texto constitucional? 

En la política peruana prevalecen el calco y la copia que José Carlos Mariátegui pretendía desterrar. El año 1950 se promulgó un código de minería que fue redactado originalmente en inglés y que contenía disposiciones sobre las antenas de televisión, un medio que todavía no había llegado al Perú. En tiempos más recientes algún parlamentario admitió desde su escaño que el texto de un proyecto de ley que presentó lo había bajado de Internet… La onda de reclamar una nueva constitución no se inició en el Perú: antes de llegar a Chile ha recorrido varios países de la región –Venezuela, Ecuador y Bolivia–. La cuestión ha sido presentada como el requisito para dar comienzo a una nueva etapa en la vida nacional, una refundación del país desde su base. Promesa fulgurante pero engañosa.

En el caso chileno la “constitución de Pinochet” fue modificada en democracia en varias ocasiones, lo que dio lugar a que la mayor parte del articulado fuera reformado. No obstante, subsisten en el texto hasta ahora vigente algunas disposiciones –referidas al régimen económico –que restringen el papel del Estado en la provisión de servicios públicos, como han explicado juristas de ese país. Esa orientación se traduce en que amplios sectores de población no tienen acceso a la salud, debido a su alto costo en el sector privado, ni a una educación pública de calidad. A esos perjuicios sociales reales se suma un asunto simbólico referido al origen de una constitución impuesta por la dictadura. Esto último convierte a esa constitución en un blanco político al cual disparar.

Los políticos que en el Perú apuntan contra la constitución vigente alegan también que es “la constitución de Fujimori” que, como en Chile, fue sometida a aprobación popular en una consulta cuyos resultados están, en ambos países, bajo sospecha. En la noche del domingo 25, apenas se supo el resultado del plebiscito chileno, en Lima varios precandidatos presidenciales se lanzaron a respaldar el cambio constitucional. Pero la pregunta importante debe estar referida a los efectos dañosos efectivamente producidos en razón de ese texto constitucional.

Conviene repasar su texto en materia económica y el papel asignado al Estado que “orienta el desarrollo del país, y actúa principalmente en las áreas de promoción de empleo, salud, educación, seguridad, servicios públicos e infraestructura” (art. 58), “brinda oportunidades de superación a los sectores que sufren cualquier desigualdad” (art. 59), y “puede realizar subsidiariamente actividad empresarial, directa o indirecta, por razón de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional” (art. 60), al tiempo que “facilita y vigila la libre competencia. Combate la práctica que la limite y el abuso de posiciones dominantes o monopólicas”. Ese no parece ser el perfil del Estado que predican los neoliberales: cuanto-menos-Estado-mejor.

Es cierto que al lado de ese Estado definido en la constitución fujimorista hay diversas garantías para la inversión privada, como: “Los términos contractuales no pueden ser modificados por leyes u otras disposiciones de cualquier clase” y, asimismo, que mediante contratos-ley que no pueden ser modificados mediante otra ley, “el Estado puede establecer garantías y seguridades” (art. 62). Pero habría que preguntarse si ese régimen ocasiona graves daños sociales. Y, si así se demostrara, qué reformas podría introducirse en el texto actual.

Aquellos que hoy en el Perú claman por una nueva constitución no tienen en mente la refundación nacional que anunciaron Hugo Chávez, Rafael Correa o Evo Morales, con los resultados que ahora se conocen. Ellos ven en un proceso constituyente lo mismo que vieron los partidos de izquierda con ocasión de la Asamblea Constituyente elegida en 1978: una oportunidad propagandística y de agitación, que les pareció útil para la perenne “acumulación de fuerzas”. Tal como un sector político procedió al final del gobierno militar, los actuales propugnadores de una nueva constitución no ponen el objetivo en otro texto normativo; están colocando expectativas en el curso del proceso que, con un derroche de recursos, se abriría; sería la ocasión de plantear sus programas y de elegir sus candidatos.

Si vemos el asunto seriamente, toca preguntarse cuáles de los males que padece el Perú hoy pueden ser remediados mediante una nueva constitución. ¿La profunda incapacidad de la dirigencia política o su extendida corrupción? ¿La debilidad de una economía extractivista que tiene la atención puesta en el futuro de las importaciones chinas porque seguimos dependiendo de nuestras exportaciones? ¿La falta de empleo o la precariedad de nuestros “emprendedores” cuyas modestas aventuras empresariales están siendo derrumbadas por la pandemia? ¿El azote del narcotráfico o el de la trata de personas que degradan la vida de tantos peruanos? ¿Las múltiples forma de discriminación que subsisten y se renuevan? ¿El machismo que abusa sexualmente y sigue matando mujeres o la violencia del castigo que sufren los niños a manos de sus padres? ¿Las condiciones que las empresas imponen a quien busca empleo, diga lo que diga la ley? ¿Las plagas de la economía ilegal que destruyen el medio ambiente? El cuestionario podría extenderse.

En América Latina hemos tenido muchas constituciones que han sido letra muerta. Es irresponsable crear el globo ilusorio de una nueva constitución sabiendo que las políticas efectivas que ejecuta cualquier gobierno no dependen tanto de lo que diga la constitución sino del compromiso con los objetivos que se quiera alcanzar y los recursos que se asignen para ello. Y eso es lo que falta en el país desde hace mucho.