El “relato” es, según una moda vigente en el vocabulario actual, una fabricación construida a partir de ciertos hechos reales y algunas medias verdades, con el propósito de favorecer determinados intereses a los que resulta útil contar con esa versión de tales hechos. Lo ocurrido en relación con el intento de vacar al presidente Martín Vizcarra ilustra, de manera inmejorable, la competencia entre “relatos”. 

El 10 de septiembre, el congresista Édgar Alarcón –quien a comienzos de año tenía seis procesos en el Ministerio Público, uno de ellos por peculado y otro por enriquecimiento ilícito, correspondientes a sus 13 meses al frente de la Contraloría General de la República hasta que fue cesado– presentó ante el Congreso varios audios en los que el presidente Vizcarra discute con sus colaboradores sobre el caso de Richard Cisneros, el sujeto que según la Contraloría fue contratado de modo irregular en varias ocasiones por el Ministerio de Cultura. De los audios puede deducirse dos puntos. El primero es que el presidente mintió públicamente cuando aseguró en torno a Cisneros: “A él lo conozco de la campaña y ¿qué relación tengo con él? ¡Ninguna! No he recomendado a él ni a ninguna persona a cargo público”. El segundo es que, producido el escándalo, Vizcarra trató de que su personal de confianza diera a la fiscalía una versión en la que se disminuyera el número de visitas de Cisneros al palacio presidencial y se desvaneciera el hecho de que tales visitas se dirigían a entrevistarse con el presidente.

Torneo de relatos

En torno a esos hechos surge el primer relato. El presidente Vizcarra ha mentido, mantiene una relación oscura con Richard Cisneros y ha tratado de obstaculizar una investigación del Ministerio Público en torno a las contrataciones irregulares que beneficiaron a ese personaje. En consecuencia, deducían quienes promovieron esta versión, Vizcarra ha incurrido en una causal de vacancia prevista en el art. 113.2 de la Constitución, que sanciona la “permanente incapacidad moral […] declarada por el Congreso”. Como sabemos, presentada la moción de vacancia el 11 de septiembre el Congreso la admitió por 65 votos a favor, 36 en contra y 24 abstenciones. Paralelamente, el relato era alimentado por las declaraciones del ridículo personaje que es Richard Cisneros, venía a ser sazonado por la revelación de nuevos audios y resultaba potenciado por audaces comentarios insinuantes, incluso de índole sexual, en la prensa contraria al gobierno: los diarios Correo, Expreso y La Razón, principalmente.

En torno a los mismos hechos surge entonces un segundo relato. Estaríamos ante una gran conspiración para desplazar a Martín Vizcarra de la presidencia, debido a que es un abanderado de la lucha anticorrupción. Se sugiere que los audios se han editado, que el interés del denunciante Alarcón es librarse de los procesos judiciales que enfrenta y, finalmente, que la persona utilizada para grabar los audios, la asistente Karen Roca, actúa por despecho o por rencillas de oficina. Esta versión resultó tonificada cuando apareció la revelación de que el presidente del Congreso, Manuel Merino –a quien correspondería sustituir a Vizcarra en la presidencia si este fuera vacado–, se había dirigido telefónicamente a los comandantes de las fuerzas armadas. El dato apareció bajo un título sugerente –“Tocando la puerta de los cuarteles”–, que en el léxico nacional significa buscar apoyo militar para dar un golpe de Estado. No obstante, en la información –que evidentemente proviene de fuente oficial– los hechos son distintos. Una llamada de Merino al jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que este nunca atendió –y, en consecuencia, cuyo propósito no podemos conocer– y una llamada al comandante general de la Marina que en la nota de Gustavo Gorriti se reseña así:

“Merino no tardó en ir al grano. Indicó a Cerdán que, ‘en el marco de la Constitución’ se iba a llevar a cabo un proceso que podría terminar con la vacancia del presidente de la República y su reemplazo por el propio Merino. Esperaba que el proceso pudiera llevarse a cabo con normalidad.”

Según lo publicado, allí concluyó la conversación. Era todo lo que se necesitaba para que el segundo relato pasara a hablar de golpe de Estado, se caracterizara como golpista al presidente del Congreso y se planteara, en un alarde de insensatez, que se trataba de un delito de sedición. Evidentemente, Merino –que acaso buscaba, no sin sentido, que las fuerzas armadas no intervinieran en el desarrollo del proceso de vacancia que el Congreso seguiría– había cometido un error mayúsculo: dar pie a que este relato le adjudicara la condición de golpista. El efecto buscado fue inmediato: algunos de quienes apoyaron admitir la moción de vacancia y de quienes se habían abstenido marcaron distancia respecto a vacar al presidente Vizcarra.

El Tribunal Constitucional aportó algo de cordura al rechazar, el jueves 17, la medida cautelar solicitada por el gobierno con el objeto de paralizar el procedimiento en el Congreso. El resto de la historia se escenificó el viernes 18. La prensa cercana al presidente hizo creer que él no asistiría al Congreso –lo que hubiera sido un gesto arrogante y despreciativo–, a fin de que los partidarios de la vacancia prepararan argumentos sobre esa ausencia, pero el presidente compareció, estuvo comedido y fue breve. Logró contundencia cuando presentó dos cartas notariales de la ex-asistente que grabó los audios en las que se retracta de lo que dijo en ellos, y luego se retiró de la sesión del pleno. Su abogado completó la faena con una intervención en la que pretendió que los hechos investigados, de ser delitos, eran competencia del Ministerio Público y no del Congreso; argumento para sostener el cual sostuvo que la moción de vacancia les reconocía la calidad de delitos, lo que no es cierto. Asimismo, reclamó que se objetivara la “incapacidad moral permanente”, como si esa causal de vacancia no fuera un concepto jurídico relativamente indeterminado cuya aplicación queda a cargo del juicio que el Congreso determine sobre consideraciones eminentemente políticas, puesto que no es un tribunal de la Inquisición. En fin, el abogado defensor prodigó fuegos de artificio jurídicos para desconcertar a una audiencia poco enterada.

No hubo vacancia ni ganadores

Fuera o no debido a la fuerza que adquirió el segundo relato, afortunadamente la vacancia no prosperó y el país no tendrá que verse –en medio de la situación creada por la pandemia– con un cambio de gobierno que solo hubiera beneficiado a una gavilla de personajes indignos. Al fin y al cabo prevaleció, aun en ese Congreso, algo de sensatez y Vizcarra será juzgado por sus actos al concluir su periodo, el próximo 28 de julio. Seguramente, pasará entonces a incrementar la lista de ex presidentes en manos de la justicia.

De momento, el país es el gran perdedor luego de lo ocurrido. Las instituciones han dado un espectáculo penoso. El presidente, un mentiroso, que estuvo dispuesto a lo que fuera para ocultar no se sabe bien qué acerca de su relación con un personaje de ínfimo nivel; permanece en el cargo como “un presidente embarrado”, como ha apuntado César Hildebrandt. El Congreso, que estuvo dispuesto a vacar al presidente no en vista de una causal de envergadura sino en razón de apetitos personales cifrados en una posible postergación de las elecciones y, en consecuencia, una prórroga de mandatos parlamentarios. Los medios de comunicación, convertidos en vehículos de relatos tramposos a favor de intereses de grupo. Y los ciudadanos que expresan opinión, alineados a favor o en contra sin escuchar argumentos, no interesados en esclarecer hechos sino dispuestos a aniquilar al adversario, como si de una guerra entre buenos y malos se tratase. Y en las guerras, ya se sabe, la verdad es la primera víctima.

Quien crea que alguien ganó de este episodio se equivoca. Todos hemos perdido.


(Foto: Presidencia del Perú)