El congresista Yeremi Aron Espinoza Velarde ha presentado un proyecto de ley que modificaría la ley de la carrera judicial para extender la permanencia en el cargo de juez supremo hasta los 75 años, esto es, cinco más del límite de 70 años que la ley dispone actualmente. Este cambio legal, contenido en apenas unas quince palabras, es una muestra ilustrativa del funcionamiento de las redes que actualmente penetran los niveles de decisión en el país. 

Yeremi Aron Espinoza Velarde solo concluyó estudios secundarios, según la hoja de vida que presentó como candidato al congreso. Pero no se puede negar que tiene experiencia judicial. Según su propia declaración, en un juicio que le fue iniciado en 2011 por quien era socio suyo, resultó “sentenciado con 2 años de pena suspendida” por el delito de “falsificación de documentos” de su propia empresa. “En el año 2018, el juez me varía la medida de suspendida a efectiva faltando 2 meses para cumplir la sentencia puesta por no pagar oportunamente la reparación civil a mi empresa”. El declarante añade: “En el año 2017 mi señora esposa producto de una crisis familiar que atravesamos como toda familia me denunció por maltrato psicológico”. En este caso le fue mejor: la denuncia fue archivada.

Pero el proyecto de ley que ha presentado Espinoza Velarde probablemente no se basa en sus conocimientos ni en sus trajines por los pasillos judiciales. Este congresista pertenece a las filas de Podemos Perú, partido en el cual el interés judicial más urgente probablemente sea el de su líder, Daniel Urresti, quien aún tiene pendiente el juicio por el asesinato del periodista Hugo Bustíos. El corresponsal de Caretas fue emboscado en noviembre de 1988 por una patrulla militar que obedecía órdenes del “capitán Arturo”, quien era el jefe de Inteligencia Daniel Urresti, según declaró en prisión el condenado comandante Víctor La Vera Hernández. Absuelto Urresti por la Sala Penal Nacional que lo juzgó, 30 años después del crimen la Corte Suprema consideró que se trataba de un delito de lesa humanidad, anuló el proceso y ordenó un nuevo juicio que todavía espera fecha… y jueces que sancionen a quien corresponda.

Que en última instancia la Corte Suprema sea quien decide casos como el de Urresti es un dato significativo al rastrear las posibles motivaciones del proyecto de Espinoza Velarde. Indagar sobre las razones para postergar la jubilación de los jueces supremos es pertinente en la medida en que la Corte no está poblada por juristas eminentes que gocen de público reconocimiento. Peor aún, desde que hace dos años se conoció el contenido de los audios de César Hinostroza, espera saberse con quiénes contaba el ex juez supremo –aún en proceso de ser extraditado desde España– para realizar sus fechorías. En la Corte Suprema toda decisión es “colegiada”, lo que requiere de complicidad para producir una decisión mañosa. Ejemplo: la resolución negociada por Hinostroza según los audios y que efectivamente redujo la pena al responsable de una violación (Sentencia de Casación N° 335 – 2015 del Santa) fue emitida por una sala que también integraban Josué Pariona, Javier Villa Stein, Duberlí Rodríguez y José Neyra. No es aventurado sostener, pues, que en la Corte siguen sentados algunos secuaces de Hinostroza.

Se trata de la misma Corte Suprema que ha recibido un cuestionamiento severo, desde adentro y desde afuera del Poder Judicial, por haber considerado que no existe vulnerabilidad por orientación sexual e identidad de género y, en consecuencia, no aplicar en estos casos las Reglas de Brasilia sobre Acceso a la Justicia de Personas en Condiciones de Vulnerabilidad. El Consejo Ejecutivo del Poder Judicial ha tenido que retroceder ante la impugnación que encabezaron resueltamente las juezas supremas Elvia Barrios y Janet Tello y de la que participaron la Defensoría del Pueblo, otras dependencias estatales y dos asociaciones de jueces.

El desprestigio de la Corte hace indispensable preguntarse por aquellos que se beneficiarían con el “alargue” que busca otorgarles el proyecto o, como ha anotado Ernesto de la Jara, los que “deberían su puesto a los congresistas”, de prosperar el proyecto de ley. Según ha precisado una investigación periodística, los cuatro jueces supremos que en los próximos meses cumplirán 70 años son: José Luis Lecaros, actual presidente de la Corte, Francisco Távara, Ángel Romero y Josué Pariona. Es claro que a intereses de peso considerable importa que estos magistrados no dejen el cargo.

Lecaros fue elegido presidente de la Corte en 2018. Participaron en la votación 18 jueces supremos y en segunda vuelta Lecaros obtuvo seis votos, dos menos que la suma de votos en blanco y viciados; entre los seis votos de Lecaros se alinearon aquellos jueces señalados por sus vínculos con la banda criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. De su gestión en la presidencia resaltan el haber planteado una ampliación a tres años del periodo del presidente y el reclamo de una mayor asignación presupuestal para el Poder Judicial, que es usual en las cúpulas resistentes a una verdadera transformación de la justicia.

Távara preside la Comisión de Levantamiento de Inmunidad Parlamentaria de la Corte Suprema, asunto del mayor interés de los congresistas. Este magistrado hizo noticia en 2009 cuando el Consejo Nacional de la Magistratura le abrió un proceso disciplinario debido a que la Universidad Alas Peruanas pagó a él y a su esposa un viaje a Francia. Pese a que la entidad tenía numerosos procesos judiciales en trámite, el juez supremo no fue sancionado.

Ángel Romero es el juez supremo actual que más cuestionamientos ha recibido en su carrera. Vinculado al Partido Aprista, Romero ha sido discutido desde su proceso de nombramiento y en enero de 2020 su vinculación con la banda Los Cuellos Blancos del Puerto fue llevada a la Junta Nacional de Justicia por la Comisión de Ética del Poder Judicial.

La edad de jubilación de la Corte Suprema es un manoseado recurso para manipular el aparato judicial; o bien se acorta, para deshacerse de quienes resultan incómodos al poder, o bien se alarga para que permanezcan en funciones los jueces acomodaticios. Ha ocurrido así en varios de nuestros países y, en el caso peruano, más de una vez.

Este reciente intento, que ojalá el rechazo público logre derrotar, ilustra cómo los intereses económicos oscuros se enlazan, por conveniencia, con los actores políticos, instrumentándolos para controlar instancias de decisión cruciales. Así es como la justicia se hace dócil a quien tiene poder suficiente.