Marco Falconí es uno de esos personajes, cada vez más numerosos, que dedica afanosamente una parte de su vida a reunir grados y títulos, probablemente con la esperanza de que en algún concurso o circunstancia les den el puntaje necesario para acceder a un cargo. En su caso lo logró (o casi), aunque los puntos que le resultaron definitorios provenían de haber logrado acreditarse como licenciado de las fuerzas armadas, calidad que ostenta no por haber formado parte del Ejército sino debido a haber estudiado en el Colegio Militar Francisco Bolognesi. 

A los 61 años, su currículum asegura que por la Universidad Católica Santa María de Arequipa es abogado y doctor en Derecho, magíster en Ciencias Sociales con mención en Derecho de la Integración, y magíster en Derecho Constitucional; en la Pontificia Universidad Católica del Perú ha desarrollado una especialidad en Derecho Público y Buen Gobierno; y en España obtuvo un máster en Gobernabilidad y Procesos Electorales por el Instituto Universitario de Investigación Ortega y Gasset, adscrito a la Universidad Complutense de Madrid, y un máster en Derecho Parlamentario y Técnicas Legislativas por la Universidad de Castilla – La Mancha, además de ser “Experto Universitario” en Bioética y Biojurídica por la Universidad Europea del Atlántico de Santander-Funiber, que según puede verse en internet “es una institución relacionada con el ámbito universitario” que desarrolla 160 programas académicos de manera virtual, esto es, sin obligación de pisar aula alguna.

Tal despliegue formativo no está exento de irregularidades. Según ha denunciado el ex Defensor del Pueblo, Walter Albán, Falconí ha hecho un uso extenso del plagio en su producción académica. Lo que parece ser una costumbre cada vez más extendida.

Por cierto, su formación diversa lo ha llevado al campo docente: es profesor de la universidad donde estudió originalmente y lo ha sido en la Universidad San Agustín de Arequipa y en la Universidad Alas Peruanas; además declara haberse desempeñado como “profesor invitado en diferentes universidades de México, Argentina, Colombia y Panamá”. No obstante, su trayectoria laboral no se ha circunscrito al ámbito académico. En lo judicial ha sido juez de paz letrado, secretario de cámara de la presidencia de la Corte Superior de Arequipa, secretario del Tribunal de Garantías Constitucionales, juez suplente de primera instancia y vocal superior suplente de la Corte Superior de Arequipa, además de miembro del Consejo Distrital de la Magistratura. Siempre en el campo profesional, también ha sido decano del Colegio de Abogados de Arequipa (1998-1999), presidente de los colegios profesionales de Arequipa, vice presidente de la Junta Nacional de Colegios de Abogados del Perú, presidente del Instituto Peruano Socio Jurídico y vice presidente del Instituto Peruano de Arbitraje y Conciliación, filial Arequipa.

El congresista renunciante

Tan amplio recorrido quizá lo alentó a incursionar en la política. En 2001 fue, durante unos meses, prefecto de Arequipa. En 2006 acompañó a Alberto Borea en la fórmula presidencial de Fuerza Democrática, partido por el que simultáneamente fue candidato al Congreso; en ambos casos no alcanzó éxito. En las elecciones de 2011 postuló nuevamente al Congreso con otra camiseta, la del Movimiento Regional Fuerza Arequipeña, en alianza con Perú Posible, y esa vez fue electo para el periodo 2011-2016. Entonces fue elegido presidente del Parlamento Amazónico Internacional (2013-2015).

El único proyecto de ley de Falconí que llegó a conocimiento público fue uno registrado como 4050/2014-CR, con el que se pretendió en diciembre de 2014 que el INDECOPI asumiera “las funciones de revisión de la ortografía de las publicaciones efectuadas en diarios, revistas, semanarios, libros y anuncios públicos o publicitarios, por el daño que causan a la cultura con los errores ortográficos”. Se encargaba al INDECOPI actuar sobre “las denuncias de los ciudadanos” o “de oficio en la verificación ortográfica de las diversas publicaciones que se realicen a nivel nacional o local.” Todo ello para imponer un sistema de multas por el que “en caso de reincidencia se tomará en cuenta la cantidad de faltas ortográficas y el tiraje de la edición”. La presentación de tan singular iniciativa dio lugar a protestas pero, sobre todo, a comentarios periodísticos risueños, que aconsejaron el retiro del proyecto tan solo cinco días después de haber sido presentado.

Falconí también fue objeto de atención periodística cuando, en 2014, intentó renunciar de manera irrevocable al cargo de congresista para postular a la presidencia regional de Arequipa. Pese a su declarada especialización en derecho constitucional, él pasó por alto que la Constitución peruana (art. 95) impide renunciar al cargo de congresista. Pese a ello, gracias a una medida cautelar en una acción de amparo, logró inscribir su lista para postular por cuarta vez al cargo de presidente regional. El Poder Judicial abrió una investigación al juez Carlos Polanco que dictó la medida cautelar y en definitiva la intentona de Falconí fracasó por decisión, primero, de la Comisión de Constitución del Congreso y, luego, del Jurado Nacional de Elecciones.

El concursante a la JNJ y sus amigos

El resto es historia reciente pero no menos interesante. En el concurso para ocupar un cargo en la Junta Nacional de Justicia (JNJ) hizo valer su calidad de licenciado de las fuerzas armadas. La ley 29248 estableció en junio de 2008 que “el personal del Servicio Militar Acuartelado” tiene el beneficio de “Una bonificación del diez por ciento (10%) en concursos para puestos de trabajo en la administración pública” (art. 61). Aunque la medida tuvo por objeto promover el servicio militar voluntario cuando cesó su obligatoriedad, es evidente lo injustificado de reconocer un sobre-mérito a quien prestó el servicio militar en un cuartel. Con todo, el beneficio es inaplicable a Falconí, quien no prestó servicio militar acuartelado sino que estudió en un colegio militar y lo hizo mucho antes de la vigencia de la ley; es decir, nunca fue soldado voluntario.

Sí fueron voluntarios sus contactos –que según se ha probado cuando menos fueron telefónicos– con el juez supremo prófugo César Hinostroza y con el fiscal supremo Tomás Gálvez, ambos sindicados por sus vínculos con organización delictiva. Con el tiempo quizá se sepa si esos lazos eran “académicos” como ha alegado Falconí al darse a conocer los registros de sus llamadas. El Contralor Nelson Shack –uno de los integrantes de la comisión especial, responsable de haber designado a Falconí como miembro de la JNJ– ha añadido una sugerencia pintoresca al debate al sugerir que, a fin de conocer la naturaleza de estos vínculos, ¡se eche mano al detector de mentiras! Demasiada televisión produce ocurrencias como esta.

Está por saberse con qué amigos cuenta Falconí en la comisión especial que designó a los miembros de la JNJ. Tan amigos que le reconocieron ilegalmente el puntaje adicional sin el cual no hubiera sido designado para el cargo y que, cuando surgió la denuncia, emitieron a nombre de la comisión una suerte de ratificación de la designación sin conocimiento de, cuando menos, dos de sus integrantes. La falta de consulta a la Fiscal de la Nación, en su calidad de integrante de la comisión especial, fue torpemente justificada por Walter Gutiérrez, presidente de la comisión, con el argumento de que “no se le consultó porque tenía una opinión distinta”, de modo que para adoptar una decisión en ese cuerpo colegiado de siete miembros solo habrían sido consultados quienes pensaban lo mismo, no los discrepantes.

Las amistades del candidato pueden haber quedado teñidas políticamente cuando el congresista Becerril, de las filas de Fuerza Popular, al enterarse de que la comisión especial había dispuesto que Marco Falconí no prestara juramento del cargo el lunes 6, denunció ese mismo día en un tuit que el gobierno pretende “manejar la JNJ p [sic] poner y sacar Jueces y Fiscales”, concluyendo con el anuncio: “No lo vamos a PERMITIR, ¡INSURGENCIA POPULAR debe ser la respuesta!”. Los amigos políticos del candidato quedaron así a la vista.

Lecciones aprendidas

El caso Falconí interesa mucho más allá del personaje. Por de pronto, las denuncias sobre él y sobre José Ávila también como plagiario –y a quien sí se le permitió juramentar el cargo el lunes 6 de enero–, muestran nuevamente la ineficiencia de la denominada comisión especial, que se estableció apresuradamente a mediados de 2018 como respuesta al escándalo de los audios. Integrada mayoritariamente por autoridades del sistema de justicia, que precisamente son parte del problema, era previsible que no reuniría los criterios para designar a las personas más idóneas en la Junta. Pero su impericia ha sido excesiva.

En el primer concurso se usó un paquete de preguntas inapropiadas para identificar a las personas que deben nombrar a jueces y fiscales del país. El resultado fue un fracaso, el concurso tuvo que anularse y así se perdió el primer año. En el segundo concurso llama la atención que, habiendo dos rectores universitarios en la comisión, no se haya aplicado una cautela que ya es rutinaria en las instituciones educativas: aplicar a los textos sometidos por los candidatos algunos de los varios programas informáticos que detectan plagios. Solo la iniciativa ciudadana ha puesto en evidencia que cuando menos dos de los ya designados miembros de la Junta son plagiarios habituales. Y pese a la denuncia existente sobre los plagios de Ávila, la comisión lo ha entronizado como miembro de la JNJ. Aparentemente, para la comisión especial ser plagiario no es obstáculo para integrar el órgano más importante del sistema de justicia.

Finalmente, las irregularidades con ocasión de Falconí –al otorgársele un puntaje adicional indebido y, pese a los cuestionamientos, ratificar su designación por no se sabe quién y, luego, reabrir su caso por las llamadas a Hinostroza pero no por los plagios– culminan un desempeño más que lamentable cuando lo que está de por medio es designar a quienes tendrán el poder para nombrar jueces y fiscales del país. Estamos ante un fiasco enorme de la comisión especial, cuyos miembros harían bien en considerar su renuncia.

El segundo asunto aleccionador consiste en notar lo que en la práctica son los concursos para puestos públicos. Pensados como un mecanismo objetivo para evaluar méritos, en sustitución del tradicional tarjetazo, han ido convirtiéndose en un torneo de papeles y cartones que dicen poco acerca de las calidades del concursante. Estudios en instituciones que no merecen crédito alguno, grados obtenidos en modalidades “no presenciales” que ni siquiera garantizan que los trabajos sometidos hayan sido preparados por el estudiante, textos plagiados –como se acaba de comprobar en dos de los candidatos a la Junta que fueron declarados ganadores–, puntajes que se “ajustan” a pedido, etc. Todo esto ya es moneda corriente en los concursos, cuyas irregularidades tienen que ser detectadas por otros debido a que la instancia responsable –antes el Consejo Nacional de la Magistratura y ahora la llamada comisión especial– no las detecta. A estas alturas, los concursos han sido convertidos en una farsa destinada a ocultar influencias en los nombramientos.

Un tercer tema de reflexión surgido en estos días es la actitud de los miembros designados para integrar la Junta y que no han recibido cuestionamientos. Me pregunto si les ha perturbado la inminencia de sentarse en la misma entidad, para decidir asuntos de tanta importancia, junto a personajes como los que han sido objeto de denuncias públicas. Nada de esto habla bien acerca de lo que será la Junta.

En cuanto a Marco Falconí, sus anuncios de que “definitivamente” los cuestionamientos que recibió su designación no lo llevarían a renunciar y, luego, de que demandará su designación en los tribunales completan la imagen que en estos días los peruanos hemos podido formarnos de él. Es un ejemplar más de esa especie que parece ser cada vez más numerosa en el país: estrategas en oportunismo que, carentes de escrúpulos, juegan todas las cartas en procura del beneficio personal.

El diccionario de la Real Academia reconoce tres acepciones del vocablo “sinvergüenza”. El primero es el de “pícaro, bribón”; el segundo es “el dicho de una persona que comete actos ilegales en provecho propio, o que incurre en inmoralidades”; y el tercero lo considera propio del Perú: “Desfachatez, falta de vergüenza”. Cada quien puede escoger el que considere más apropiado.