Muchos méritos tiene esta presentación de la justicia peruana producida en el año que termina por un equipo periodístico del diario El Comercio. No es poco que en media hora se lleve al espectador desde el problema de la lentitud en adoptar decisiones –que es el rasgo más visible del sistema– a una visión más compleja pero perfectamente comprensible para quien no conoce el tema.
Una entrada valiosa es dar voz a los litigantes que, en fila desde la madrugada en la avenida Abancay, nos recuerdan a ese litigante perfilado por Kafka que espera toda su vida a las puertas de la justicia. Pero, a diferencia de aquel, en el litigante peruano no parece haber resignación sino desesperación cuando dice: “No hay adónde ir, adónde reclamar”. En esos testimonios aparece ya la sospecha acerca de la corrupción que habita en el sistema.
Más allá de las opiniones que se recogen, quizá el principal mérito del documental es haber acertado al mostrar en imágenes el entrampamiento de la justicia: miles de hojas que el personal auxiliar debe dedicarse a coser, en lugar de resolver los conflictos laboriosamente escondidos en ellas.
La cámara se pasea entre expedientes de las últimas décadas que no han sido resueltos. Entre ellos aparece un expediente contra el Estado que tiene 72 mil páginas, según se puede calcular. La tragedia de la discoteca Utopía es más de un metro de papeles que están en el piso de un juzgado y van aumentando en los 17 años que el caso lleva a la espera de una sentencia definitiva.
Entre esos papeles hay conflictos de todo tipo: desde violaciones de menores –como aquella de la que en un audio escuchamos a un juez supremo preguntar si absolvía al culpable o le rebajaba la pena– hasta pensiones alimenticias, como las que decenas de candidatos al congreso no han cumplido con pagar. Algunos son conflictos prorrogados innecesariamente porque alguien no quiere cumplir una obligación, pero muchos son verdaderos dramas cuyos protagonistas envejecen sin que llegue una solución, como apunta un entrevistado.
Esos cerros de papeles tienen diversos orígenes. En pocos casos intervienen abogados prestigiosos que cobran altos honorarios, porque en general esos profesionales prefieren no contaminarse en el clima enrarecido del litigio. En muchos procesos quienes actúan son esos tinterillos que, como se ve en el documental, atienden en la calle y en su máquina de escribir, a cambio de unos billetes, producen rápidamente escritos que engordarán los expedientes, probablemente sin provecho alguno para quien busca justicia.
El abogado litigante entrevistado en el documental explica los cuellos de botella. Uno está en el juez que no tiene tiempo para ver seriamente los casos y depende del trabajo de un auxiliar que le da su versión del conflicto, versión que puede ser exacta o sesgada por la ignorancia o el soborno. Otro, que se conoce menos y que es señalado con precisión, es la actuación del abogado que no tiene interés en llegar a la solución porque seguirá cobrando honorarios mientras el procedimiento se alargue; entonces, se limita a producir esos papeles, a menudo inútiles, que hemos visto arrumarse en anaqueles y pasillos. En lo que este abogado llama la desesperación del cliente, el recurrente decide ofrecer dinero a alguien del personal para que su expediente “se mueva”. “Sin eso no camina tu expediente”, sentencia el abogado, que sabe por experiencia de qué está hablando.
El círculo vicioso se ha cerrado. Jueces que no conocen los casos, personal auxiliar mal pagado cuyo papel es clave en el momento de resolver, abogados que litigan para esquilmar al cliente y clientes exasperados que están dispuestos a pagar una coima, o varias, para encontrar un solución. Recargo, desatención, litigios inconducentes y corrupción aceptada conforman ese círculo infernal que hemos llegado a ver como normal.
Sobre el fenómeno no falta la mirada burocrática, que ciertamente aporta una profesional del derecho: “Para mí, puede ser corrupción solamente aquello que está contemplado en el código penal”. La mirada se pierde en la conceptualización del fenómeno pero no llega a proponer soluciones. El juez a cargo de la oficina que investiga las irregularidades de los jueces también tiene su audio incriminador. Y él es quien informa de los miles de sanciones adoptadas por la oficina, que tampoco parecen haber sido capaces de cambiar el panorama.
Pregunta el periodista:
- ¿Y por qué no han cambiado las cosas?
- Gran pregunta, dice un empleado del Poder Judicial.
Es la pregunta que le queda al espectador, que quienes conocemos el tema quizá todavía no hemos sido capaces de responder. Es bueno que este documental vuelva a plantearla, cuando al terminar el año serán 17 meses los transcurridos desde que el presidente Vizcarra anunciara una reforma judicial que no ha producido resultado alguno. Es interesante recordar que en 2020 se cumplirán cincuenta años de haberse intentado la primera reforma de la justicia en el país. Y así estamos.
