Cuando recibí mi título profesional, hace muchos años, dedicarse a la defensa en materia penal era visto como uno de los últimos peldaños del ejercicio. Se trataba de ocuparse de casos de gentes acusadas de lesionar, matar o violar a otra persona; los defendidos, por regla general eran sujetos que se movían en los márgenes de la sociedad. Para muchos de esos procesos no había abogados particulares disponibles y los entonces llamados abogados de oficio tenían que hacerse cargo por obligación. 

Ciertamente, unos pocos penalistas hacían mucho dinero –pero no prestigio– al asumir ciertos casos, usualmente correspondientes a alguien de dinero o posición social encumbrada que debido a determinada circunstancia se había visto envuelto en un proceso penal. Pero la mayoría de los colegas que trabajaban en ese campo eran gentes de quienes se presumía que no tenían capacidad o contactos para ejercer en campos más “limpios” de la profesión.

Algo de ese paisaje empezó a cambiar, poco a poco, cuando en los años sesenta el narcotráfico apareció en escena. No es que defender narcos –tratándose, claro está, no del vendedor al menudeo sino del traficante– se considerara algo higiénico y, al principio, se vio con recelo a los abogados que aceptaron estos casos. Del recelo se pasó a la envidia porque el monto de los honorarios era, sin lugar a dudas, extraordinario. Finalmente, la codicia atrapó a muchos a quienes no se hubiera creído capaces de alejarse tanto del principio fundador del Colegio de Abogados de Lima: “Defenderás causas justas”.

Para salvaguardarse, los atrevidos echaron mano al derecho a la defensa que, por cierto, es un derecho humano consagrado: todos tenemos derecho a ser defendidos en un proceso penal, no importa si somos inocentes o culpables. Bajo esa cobertura se levantó entonces la veda impuesta por los auténticos principios y fueron ya no unos pocos sino muchos los que defendieron sin reparos a quien se los solicitara y pudiera pagar bien por ello.

El campo estaba desbrozado para la siguiente etapa que, con algunos antecedentes notorios durante el primer gobierno de García, se extendió a la caída de Fujimori y llega al presente. Los casos son de corrupción; en ellos han aparecido abogados bien preparados y hasta ilustrados, que cobran honorarios millonarios por la defensa en procesos que alcanzan resonancia en los medios de comunicación.

Todavía en algunos de los grandes estudios de abogados limeños queda algo de vergüenza, lo suficiente para cuidar la imagen y, cuando un cliente importante ingresa en el terreno penal, se deriva el caso a un “especialista” que no es parte del estudio. Este, claro está, garantiza una defensa “adecuada”.

Una parte de esa defensa lleva a algunos de estos abogados a frecuentar estudios de televisión donde buscan “ganar el juicio” de la opinión pública. Ya no son letrados que solo alegan ante los jueces sino que se han convertido en portavoces inteligentes de sus defendidos, capaces de retorcer hábilmente argumentos, citando autores y precedentes judiciales, en procura de convencer incautos acerca de la inocencia de quien, a todas luces, es un sinvergüenza, en el mejor de los casos, o un delincuente nocivo para la sociedad, en el peor.

En los últimos tiempos, los abogados más caros de esta especie se dan tiempo para la docencia universitaria y la preparación de libros, e incluso para destinar parte de su carísima atención al apoyo de oenegés respetadas. Todo ello tiene el propósito de incrementar el propio prestigio social en beneficio de los clientes a quienes se habrá de patrocinar. Su figura mejora, su reputación se incrementa y, en consecuencia, su credibilidad puede verse muy potenciada a la hora de defender lo indefendible.

Acaso el frente más importante de esa defensa no sea el de los tribunales sino el de los medios, en los que mediante declaraciones y entrevistas el abogado defensor va “trabajando” a la opinión pública. Usando y abusando del conocimiento jurídico –ajeno no solo a la audiencia sino también al periodista con el que dialoga–, el defensor bien remunerado crea la aureola de inocencia que su cliente necesita con urgencia. Medio convencida la opinión pública, constituirá el ambiente en el que los jueces habrán de pensarlo dos o más veces antes de dictar una sentencia condenatoria, para la que entonces deberán contrariar no solo a un abogado prestigiado sino a la tendencia de opinión sembrada en los medios.

Mientras el abogado administra con soltura las medias verdades y las omisiones favorables a sus tesis, el banquero que se ha tropezado en el código penal debe ver la actuación del letrado y reírse, satisfecho, al tiempo que explica a sus amigos: “Para eso le pago”. Y, en efecto, cuanto más pague, mejor será la maraña tejida por el letrado para disimular hechos y ocultar responsabilidades.

Este perfil en el ejercicio profesional ha alcanzado tanta respetabilidad que son pocos los que, apenas en voz baja, se atreven a cuestionar la ética de los abogados incursos en él. No se quiere advertir que, de la defensa del procesado en términos legales, ellos han pasado a la defensa del delito mismo y del responsable, aparentando una inocencia que no existe. La labor de defensa ha quedado desvirtuada así, en virtud de la capacidad económica del poderoso para alquilar los servicios del abogado capaz… de cualquier cosa.