Pedro Sánchez se instaló en la jefatura del gobierno español el 2 de junio de 2018, apoyado en la coalición de fuerzas parlamentarias que aprobaron la moción de censura contra el conservador Mariano Rajoy, cabeza del Partido Popular. Pareció entonces que el líder socialista podría gobernar con esa precaria coalición que apenas le daba una mayoría en el Congreso. La ilusión duró pocos meses: hace un año la propuesta de presupuesto para 2019 encalló y nunca alcanzó los votos necesarios para ser aprobada porque algunos de los socios de Sánchez –independentistas catalanes– no estaban satisfechos. El presupuesto anterior se prorrogó –hasta hoy el Estado español opera con el presupuesto de 2018– y quedó claro que el gobierno de Sánchez no podía andar. 

Ante el empantanamiento producido en el legislativo se convocó a elecciones que tuvieron lugar el 28 de abril de este año. En ellas se produjo el empate entre fuerzas de derecha e izquierda que caracteriza ahora a España pero tiene un profundo arraigo histórico. El parlamento, que elige al jefe del gobierno, está compuesto por 350 diputados que representan a las cincuenta provincias españolas; este mecanismo hace que la composición política del Congreso no sea proporcional a los votos emitidos y que algunos grupos estén sobrerepresentados, con relación a la votación obtenida, mientras otros resulten subrepresentados.

Para investir al jefe del gobierno se necesitan, cuando menos, 176 votos. Actualmente, en el lado izquierdo del espectro se sitúan 123 socialistas y 42 de Unidas Podemos, a los que se suman de manera usual 6 diputados del Partido Nacionalista Vasco, sin alcanzar en conjunto mayoría. Requieren de los votos de los nacionalistas catalanes, que son socios díscolos. En el lado derecho, suman fácilmente los 66 diputados del Partido Popular, los 57 votos de Ciudadanos y, en tono altisonante, los 24 representantes de Vox, el partido de extrema derecha; en total, tampoco hacen mayoría.

Luego de las recientes elecciones, se han consumido cinco meses, de mayo a septiembre, en la búsqueda de una fórmula para que Pedro Sánchez –cabeza de la lista más votada, la del Partido Socialista Obrero Español (PSOE)–, pudiera ser investido presidente. Los tira y afloja entre el PSOE y Unidas Podemos finalmente han desembocado en nada, principalmente debido a que la dirigencia de este último grupo –y, en particular, su líder Pablo Iglesias– exigía cogobernar con los socialistas, pese a que incluso con sus votos no se alcanzaba la mayoría parlamentaria.

Finalmente, se irá nuevamente a una elección general –la cuarta en cuatro años– que tendrá lugar el 10 de noviembre y que, según anticipan las encuestas, no producirá resultados muy distintos en la conformación de los dos bloques en los que se divide la representación política española. No obstante, algunos de los actores en cada bloque podrían ver modificado su nivel de representación. Los sondeos coinciden en que en la izquierda perdería votos Unidas Podemos y en la derecha Ciudadanos y Vox disminuirían su electorado. PSOE y PP serían respectivamente los beneficiados por el reacomodo.

Esto ha hecho que algunos analistas pronostiquen una vuelta al bipartidismo de socialistas y populares, que enmarcó la democracia española durante más de tres décadas. La irrupción de Ciudadanos y de Podemos dio, hace cinco años, un tono multipartidario a la escena política, que ahora estaría amenazado. Sin embargo, dos elementos pueden alterar en algo las proyecciones. Uno es la abstención, el otro es la irrupción de un nuevo grupo en la izquierda.

Tratándose de elecciones legislativas, la abstención en España –donde el voto no es obligatorio– es relativamente baja, si se le compara con otras democracias afianzadas. La menor en los últimos 42 años se produjo en 1982, cuando no votó uno de cada cinco electores (20,1%). Las oscilaciones de la abstención la han llevado a picos que han superado el 30%. Pero en abril de 2019, la tensión política la rebajó a 28,2%; lo que significa que algo más de diez millones de electores prefirieron no concurrir a las urnas. Ahora las encuestas anticipan que esta opción podría crecer, dado el hastío o la indignación derivados de la constatación ciudadana de la incapacidad de los políticos para llegar a acuerdos.

Tradicionalmente, a un mayor nivel de abstención ha correspondido un retroceso de la votación de izquierda y, por consiguiente, un triunfo de la derecha. En la próxima elección, el factor de desilusión afecta, principalmente, a Unidas Podemos –en razón de sus ambiciosas exigencias para apoyar la investidura de Pedro Sánchez– y, secundariamente, al PSOE, por no haber logrado las alianzas necesarias para pasar de haber obtenido la mayor votación a constituir gobierno. En las redes sociales ya hay campañas en marcha que previenen del riesgo de quedarse en casa el 10 de noviembre.

El segundo factor en juego en noviembre será la presencia de un nuevo actor en la izquierda, liderado por Íñigo Errejón, un politólogo de 36 años –que luce aún más joven– que ingresó al escenario político entre los dirigentes de Podemos y que a comienzos de este año prefirió formar un grupo propio, de la mano de Manuela Carmena, quien había sido alcaldesa en Madrid. Moderado y razonable –en marcado contraste con Pablo Iglesias–, no ha dudado en sostener que debía apoyarse la investidura de Sánchez sin exigir condiciones. Acaso su salto a la competencia electoral nacional anime al electorado de izquierda, arañando algo de los votos por Unidas Podemos o por el PSOE. 

Las repercusiones de dos sentencias judiciales pueden enrarecer la campaña electoral. Una decisión adoptada por unanimidad en el Tribunal Supremo, conocida en estos días, es la que ha dado luz verde a la exhumación de los restos del dictador Francisco Franco, de la tumba situada en El Valle de los Caídos –donde se recuerda a los muertos en la guerra civil–, y su traslado a un cementerio, tal como decretó el gobierno de Pedro Sánchez. La otra sentencia del Tribunal Supremo es la que probablemente condene a los líderes catalanes que organizaron el referéndum del 1 de octubre de 2017 sobre la independencia de Cataluña y que se conocerá el mes próximo, antes de las elecciones. Ambas decisiones judiciales polarizarán opiniones y añadirán picante al enfrentamiento de los candidatos.

En cualquier caso, los resultados electorales de noviembre probablemente no cambien mucho el cuadro de entrampamiento (y de falta de entendimiento) que ha caracterizado la escena política en el último año y medio. Es un paisaje que genera incertidumbre y, según indican los sondeos, provoca un nivel de malestar del ciudadano español que no tiene precedentes en las cuatro décadas de democracia recientes.