Lava Jato fue el caso que llevó a Luiz Inácio Lula da Silva a prisión y que le impidió postular nuevamente a la presidencia de Brasil en una competencia en la que era favorito. Su inhabilitación abrió paso al triunfo del actual presidente Jair Bolsonaro, quien luego de su elección designó como ministro de Justicia al juez a cargo del caso, Sergio Moro. El 9 de junio un informe periodístico de investigación de The Intercept denunció serias irregularidades en el caso. Se señala como fuente del informe un conjunto de documentación que incluye comunicaciones privadas y ha sido provisto por una fuente anónima. 

El informe pone en tela de juicio el papel del entonces juez Sergio Moro, quien, habiendo alegado en múltiples ocasiones su condición de apolítico, investigó y argumentó la culpabilidad de Lula. Al tiempo que la documentación interceptada revela conversaciones de los fiscales en las que se habla sin tapujos de evitar el triunfo del Partido de los Trabajadores (PT) de Lula en las elecciones, el juez Moro aparece coludido con los fiscales para responsabilizar a Lula, pese a las dudas que estos manifiestan acerca de las evidencias utilizadas en la acusación. Es significativo que tanto la respuesta inmediata del equipo fiscal de Lava Jato como la del propio ministro Moro no hayan negado la autenticidad de los hechos revelados, echando mano, más bien, al manido argumento de las frases “fuera de contexto”.

Diversas conversaciones y chats entre los fiscales, que han sido “hackeados” de sus teléfonos celulares, muestran el propósito político de sus acciones a lo largo del proceso que explícitamente buscó evitar que el PT volviera a ganar las elecciones. En varias conversaciones, los fiscales del caso muestran su preocupación por la debilidad de las pruebas recogidas para culpar a Lula. En particular, en los chats del grupo de fiscales aparecen dudas en torno a las evidencias sobre el más conocido de los cargos en el proceso por el que fue condenado el ex presidente: haber recibido un departamento triplex de un contratista a cambio de facilitar contratos multimillonarios con Petrobras. Cuatro días antes de formular acusación, el coordinador del grupo de fiscales del caso Lava Jato, Deltan Dallagnol, manifiesta dudas acerca de si el departamento era de Lula –para lo que en definitiva se presentó como prueba un artículo publicado en un diario– y si había una conexión con la petrolera estatal.

En auxilio de los fiscales surge el juez del caso, Sergio Moro. En las conversaciones “hackeadas”, Dallagnol y Moro intercambian criterios para “construir” mejor el caso de modo de responsabilizar a Lula. De acuerdo a la ley brasileña, que desde la Constitución de 1988 ha adoptado los rasgos del procedimiento acusatorio, el juez es un tercero en el proceso en el cual se enfrentan fiscal y defensor. No obstante, a lo largo de dos años de la fase de investigación, Moro asesoró a Dallagnol acerca de cómo investigar el caso, lo puso sobre aviso de las decisiones que iba a adoptar y le hizo críticas de los documentos preparados por los fiscales para que los mejorasen. En un momento dado, incluso informa a los fiscales acerca de una persona que puede facilitar una prueba contra Lula. En las conversaciones reveladas Moro aparece como parte del equipo de fiscales, pese a que él ha negado públicamente que fuera un juez-investigador en el caso.

Lula fue condenado en julio de 2017 a nueve años y seis meses de prisión, pena que el tribunal de apelación incrementó luego a 12 años, pero la conducta de Moro que aparece en las revelaciones de The Intercept tiñe de nulidad el procesamiento del ex presidente. El asunto puede ir más lejos para Moro, respecto a quien, precisamente, en mayo el presidente Bolsonaro reconoció públicamente haberle prometido un asiento vitalicio en la Corte Suprema: “el primer lugar que se abra en la Corte es tuyo”.

Los fiscales del caso Lava Jato y el juez Sergio Moro se han paseado por el mundo, literalmente, como héroes de la justicia, ejemplos de independencia judicial respecto del poder político. Las evidencias que ha mostrado The Intercept obligan a reconsiderar honores y reconocimientos otorgados a quienes parecen haber conspirado para montar un caso judicial con propósitos estrictamente políticos: impedir que el PT ganara la elección de 2018 y Lula volviera a la presidencia de Brasil.

Si el caso Lava Jato fue un gran escándalo de corrupción que ha remecido la escena política en varios países, las revelaciones sobre las irregularidades en el procesamiento de Lula constituyen un escándalo enorme de utilización de la vía judicial con propósitos políticos por jueces y fiscales.


Foto: O Globo