Keiko Fujimori fue recluida en prisión preventiva y Alan García intentó evadir la justicia por la puerta falsa de un asilo injustificable. A partir de ahí ha ido emergiendo gradualmente, en las palabras de algunos personajes públicos, una postura altamente crítica acerca del uso de la prisión preventiva y la vigencia del debido proceso en nuestro sistema de justicia. Esto es, una preocupación repentina por los alcances del Estado de derecho en el país. 

Los protagonistas de estos alegatos no son ongs de derechos humanos ni profesores universitarios especializados en la materia. Precisamente, lo que sorprende es que son personajes y voceros de sectores conservadores –en general, identificados con el fujimorismo, ahora o en su trayectoria–, quienes súbitamente parecen aquejados por la misma febrícula. En esas filas están desde el congresista Tubino hasta el columnista Althaus, pero el mejor botón de muestra es Su Eminencia, el cardenal Cipriani, quien ha reivindicado el asilo (el de Alan García, por supuesto) como “una herramienta de la democracia”, que es “una manera de defenderse cuando uno piensa que su derecho y su dignidad está en peligro”.

Como Alan y Keiko vienen en el mismo combo, Su Eminencia Reverendísima también ha dictado doctrina sobre la prisión preventiva: “La gente tiene derecho a que primero se defienda y haya una sentencia”. Y, por si en sus píos oyentes sus palabras despertaran alguna duda, ha advertido: “No se trata de decir ‘Cipriani defiende la corrupción’. No. ‘Cipriani defiende a las personas y defiende los derechos’.” Como la audiencia de Su Eminencia es bastante limitada, García redistribuyó el video para conocimiento general.

Es probablemente innecesario notar que la doctrina de Su Eminencia es reciente porque cuando en Ayacucho se negaba a atender a los familiares de desaparecidos en manos del Ejército, no la había elaborado. Y debe estar arrepintiéndose de haber calificado entonces como “cojudez” los derechos humanos que ahora dice defender.

Como el Perú no vive bajo una dictadura en la que se persiga a las personas por sus opiniones o simpatías políticas, todas estas expresiones pueden circular –y siguen circulando– libremente. Se puede, pues, respaldar el pedido de asilo político de un ex presidente que –¡por fin!– se halla bajo investigación por una serie de delitos, vinculados todos a la corrupción. Se puede defender públicamente la tesis de que el país vive bajo una “dictadura judicial” y, paradójicamente, no ser víctima de ella después de denunciarla.

Debe celebrarse que haya libertad de expresión para hipocresías y disparates. Pero, asimismo, debe celebrarse que –si se trata de algo más que un estado febril pasajero– tantos actores conservadores se sumen a la causa de los derechos humanos, que hasta hace muy poco ellos mismos consideraban una bandera izquierdista. Si su defensa de Keiko/Alan no es interesada y oportunista, ahora tenemos en el Perú un consenso en torno a la defensa de los derechos humanos.

Este nuevo consenso habrá de permitir que se adopten medidas para cambiar una situación que es muy vieja en el Perú, pero que aparentemente no había sido percibida por los flamantes conversos a la causa de los derechos humanos. En materia de prisión preventiva, la regla no escrita –contraria a la que está escrita, más bien– ha sido que quien es objeto de un proceso penal sea rutinariamente detenido, salvo que tenga los recursos –antes que nada, un buen abogado que pueda pagar– para ser la excepción a la regla general. La presunción de inocencia es un sano principio que vive solo en los textos y, en general, el debido proceso es todavía una aspiración consagrada en las leyes pero de realidad insuficiente en la práctica.

Ese estado de cosas nos pareció “normal, no más” hasta el procesamiento de Keiko/Alan. Personajes como los que motivan este comentario nunca se escandalizaron por una situación general en la que miles de ciudadanos padecen injusticias. Según fuentes oficiales, casi 40% de los 109 mil presos existentes en agosto –esto es, más de cuarenta mil personas– no habían sido sentenciados. Pero la detención de Keiko Fujimori ha hecho notar a algunos personajes públicos que podría haber un exceso en la medida judicial de detenerla preventivamente. No solo en este caso, habría que agregar.

Si la prisión preventiva de Keiko y el intento de fuga diplomática de Alan sirven para poner atención en el tema y sumar fuerzas para mejorar un sistema de justicia que lo requiere, hay que dar la bienvenida a los conversos a la causa.