Ambos éramos profesores en la facultad pero él, además, se desempeñaba como vocal en la Corte Superior del Callao. Pese a que no éramos muy cercanos, un día me contó la experiencia que acababa de vivir. Era de noche y estaba leyendo en su casa cuando sonó el timbre; al abrir la puerta se encontró con un hombre joven que muy cortésmente le pidió con insistencia conversar. El juez accedió y el visitante le refirió que el expediente de una persona procesada por tráfico de drogas estaba en su despacho, en espera de que se decidiera una solicitud de libertad provisional. Resolverla favorablemente era todo lo que pedía el interesado; como ha ocurrido en tantos casos, la libertad concedida abre paso inmediatamente a la fuga. El intermediario añadió que a cambio –abrió el maletín que llevaba consigo, lleno de dólares– el maletín sería suyo. El juez reaccionó indignado y lo echó de su casa. 

Esa historia ocurrió hace cincuenta años. Admito que la escuché, algo sorprendido, pero no fui capaz de anticipar que era un signo de los tiempos. A la historia de la corrupción en el país se había incorporado un acelerador potentísimo. El narcotráfico en gran escala estaba –y, como nos lo recuerdan las noticias a diario, está– en condiciones de ofrecer sobornos a policías, jueces, funcionarios, ministros, periodistas… con sumas de dinero verdaderamente extraordinarias, además de diversas dádivas.

El país no lo resistió, aunque algunos –como el juez de la anécdota– rechazaran las tentaciones. En el caso del Poder Judicial, su presidente, Víctor Prado ha reconocido con franqueza esta semana que “está penetrado por el narcotráfico, minería ilegal, tala forestal, pornografía infantil, trata de personas, lavado de activos”. El ariete de esa penetración, que abrió el camino a las diversas formas del crimen organizado, fue el tráfico de drogas.

La política antidrogas establece la ilegalidad de la producción, la comercialización y el consumo de estupefacientes. El Perú, como toda América Latina en su momento, adoptó esta política alentada desde Washington a partir de la década de los años ochenta. Como resultado, no ha bajado el consumo de drogas –que en los hechos sigue multiplicándose–, las cárceles se han llenado de miles de procesados o condenados por el delito de “tráfico ilícito de drogas” –pocos “peces gordos” y mucho vendedor al menudeo– y el negocio “ilegal” de la droga se ha convertido en uno de las actividades más lucrativas. Esto último ha sido posible mediante un “efecto colateral” de la ilegalización: la corrupción del aparato del Estado a fin de anularlo en la aplicación de las leyes que sancionan el tráfico.

La variedad de prácticas envilecidas va desde fraguar partes policiales y “arreglar” dictámenes fiscales y sentencias, hasta dictar resoluciones y decretos o preparar proyectos de ley. Todos los brazos del Estado han sido contaminados; campañas de alcaldes y congresistas han sido financiadas con dinero negro y las fortunas han proliferado. Una vez producido el “boom” de la corrupción con origen en la droga, fue sencillo extenderla a otras áreas, en beneficio de quienes pudieran pagarla. El funcionamiento del Estado ha sido “privatizado” al mejor postor, usualmente alguien vinculado a redes delictivas.

Esta singular capacidad corruptora del tráfico de drogas precisa de la ilicitud, sin la cual los estupefacientes tendrían un mercado como el de cualquier otro producto, sujeto a vaivenes de oferta y demanda, sin el estímulo de una persecución que es mentirosa porque, en definitiva, no saca del mercado a la droga sino que encarece su precio. Entre tanto, el negocio de la droga ilícita abrió vías de lavado de las ganancias, a las cuales no fueron ajenos grandes bancos del mundo, según se ha demostrado en múltiples casos.

Uno de los más importantes desarrollos de la plaga se derivó del control sobre movimientos de dinero hechos mediante el sistema bancario; las reglas impuestas para los envíos desde EE.UU. hacia América Latina se ajustaron con el propósito de hacer más difícil efectuar los pagos a los productores e intermediarios. La respuesta del lado del tráfico consistió en pagar en droga, en lugar de pagar en efectivo; dejar parte de la producción de droga en los países de origen o de tránsito para abonar “gastos” implicó crear un mercado de consumo interno antes inexistente o muy limitado. La droga, que en sus primeros años era un producto de exportación, se convirtió también en un bien de consumo local. El reparto de golosinas con drogas a la salida de los colegios, para crear adicciones tempranas, es una de las caras más dramáticas de esta “promoción del mercado interno”.

La persecución aparente del tráfico de drogas llevó a los “barones de la droga” a la “tercerización” de los aparatos de seguridad del narcotráfico. Dada la identificación y el acoso policiales sobre los matones empleados por los narcos, resultó más sencillo contratar los servicios de escoltas y sicarios en lugar de tenerlos como trabajadores estables. Este cambio dio lugar a la creación de ejércitos particulares que están disponibles no solo a los señores del tráfico sino para cualquier otro “trabajo”. El nivel de violencia se ha incrementado en todos los países en los que la droga es negocio rentable.

La evolución perversa del fenómeno del narcotráfico ha sido estudiada y la primera conclusión ha sido: "La guerra global contra las drogas ha fracasado, con consecuencias devastadoras para individuos y sociedades alrededor del mundo", como dice el informe preparado en 2011 por una comisión de alto nivel, que tuvo entre sus integrantes al ex secretario general de la ONU Kofi Annan, a los ex presidentes Fernando Henrique Cardoso (Brasil), Ernesto Zedillo (México) y César Gaviria (Colombia), y al ex secretario general de la OTAN Javier Solana. La segunda conclusión se sigue de la primera: erradicar el narcotráfico requiere legalizar el consumo de drogas. Así lo han proclamado personalidades como los premios Nobel Milton Friedman y Gary Becker, entre otros.

Mantener la venta y el consumo de drogas en la ilegalidad no logra disminuirlos –las requisas e incautaciones retiran del mercado una porción mínima de lo que se oferta– pero sí produce ganancias astronómicas no solo a quienes aparecen identificados como narcotraficantes. La exitosa continuación del tráfico se vale de la corrupción, que destruye los aparatos de Estado encargados nominalmente de combatir el narcotráfico, incluidos policía y ejército. Perú, Colombia y México son los casos más notorios de instituciones estatales erosionadas por una política inútil. Pero Honduras, Guatemala, Argentina y Venezuela también merecen lugares destacados en la lista.

Portugal legalizó el consumo en 2001. A fines de 2013 Uruguay legalizó la producción y venta de marihuana. Y en 28 estados de Estados Unidos están vigentes diversas formas de acceso legal a drogas. Aunque las evaluaciones disponibles no muestran iguales resultados, sí puede concluirse en que la legalización no incrementa el consumo, o lo incrementa solo inicialmente. Pero, además de desactivar el mercado ilegal –que trae consigo corrupción y violencia–, la legalización incrementa la recaudación fiscal, mediante los impuestos sobre la venta, y el empleo formal.

En definitiva, el consumo de drogas debe ser reconocido como un serio problema de salud pública para el cual la ilegalización –que en los hechos no impide conseguir cualquier droga– es un remedio ineficaz. Pero el asunto debe dejar de ser algo que, como ahora, afecte la seguridad pública, problema que es irresoluble cuando el Estado ha sido carcomido por la corrupción.