No lo sabíamos entonces, pero el 14 de septiembre de 2000 se inauguró una nueva etapa en la historia nacional: se difundió el video en el que Vladimiro Montesinos entregaba dinero a Alberto Kouri, flamante congresista opositor, para que dejase las filas de Perú Posible y se alineara en el oficialista Perú 2000. Desde entonces, nada fue igual en el país.
Siguió una catarata de lo que se llamó “vladivideos”, en los que aparecían una serie de personajes en la salita del SIN, el Servicio de Inteligencia Nacional. Allí comparecieron sinvergüenzas y algunos insospechables, recibiendo sumas de dinero del todopoderoso asesor presidencial. Jueces, generales, empresarios y periodistas, entre otros, habían dejado su huella en las grabaciones que se difundieron. No todas, desgraciadamente, porque Alberto Fujimori fugó llevándose una parte de ellas que nunca aparecieron. El Centro de Documentación e Investigación del Lugar de la Memoria (LUM) cuenta con más de un centenar que pueden verse en http://lum.cultura.pe/cdi/ .
En la política peruana se introdujo entonces la expresión “tiene video”, que junto a la actual “tiene audio” son el indicador de contarse con una prueba tangible de pertenecer a un circuito oscuro de intercambios no solo ilegales sino inmorales. Algunos de los poseedores de esta especie de certificado de indecencia solo se han visto obligados a renunciar. Otros están presos, condenados o esperando que los procesen. En buena hora.
Desde tan auspiciosa inauguración del recurso, ha quedado instalado en la escena. Sus fuentes son diversas. La más especializada es la empresa dedicada a interceptar conversaciones por encargo. En 2008 se descubrió que un grupo de ex oficiales de la Marina había constituido la empresa Business Track, dedicada a estos servicios. Así salieron a la luz, durante el segundo gobierno de Alan García, los “petroaudios” del “faenón” que, pese al enorme escándalo generado, terminaron años después en una absolución judicial. Se supone que esa empresa se cerró pero probablemente hay otras en el mismo giro.
Una fuente más simple es la del interlocutor. Que puede ser telefónico o presencial. Entre las del segundo tipo destacó la que se grabó en el almuerzo convocado en 2012 por el entonces presidente de la Corte Suprema, César San Martín, para “unificar criterios” en torno al caso de las ejecuciones extrajudiciales perpetradas durante la toma de la Embajada de Japón. Dos ministros –Juan Jiménez y Pedro Cateriano– se esforzaron junto al juez supremo para convencer a la jueza Carmen Rojjasi de qué debería hacer en el caso a su cargo. Si se compara ese audio con el recién conocido de la llamada de San Martín al ahora detenido Walter Ríos, esta última grabación casi carece de trascendencia.
Un tercer tipo de fuente es la interceptación dispuesta por autoridad judicial, que parece ser el origen de cuando menos una parte de la granizada de audios que en estos días remecen al sistema de administración de justicia. Claro está que en este caso, especialmente, se necesita el concurso de alguien que “filtre” el audio o el video a los medios. Sin esta contribución decisiva, la grabación no alcanzaría trascendencia pública.
En varios de estos casos que son parte de la historia política peruana los implicados o sus cómplices han intentado desviar la discusión hacia el origen ilegal de las grabaciones. Esta fue la razón por la que en 2016 Rómulo León Alegría, Alberto Químper y los demás procesados fueron absueltos por los tribunales en el caso “petroaudios”. Pero el ciudadano medio sabe que lo que se decide en juicio no siempre corresponde a la verdad. Es la diferencia que los juristas establecen entre verdad real y verdad legal. Esta última importa poco cuando estamos ante la evidencia de un video o un audio, en el que los participantes son reconocibles.
La opinión ciudadana se forma con lo que se le presenta como verdad, no con aquello que luego los jueces deciden en el caso. Por eso hay que agradecer a todos aquellos espontáneos, contribuyentes anónimos a la higiene cívica que graban o “filtran” audios o videos de interés público. En todos estos casos se ha demostrado, además de la responsabilidad de determinados sujetos, que los varios sistemas de control formalmente existentes no funcionan.
Por eso es que quien posee una prueba de este tipo no va al Ministerio Público a entregarla sino que se dirige a un medio de comunicación. Como hemos visto en el escándalo actualmente en curso, hubo fiscales que trataron de “incautar” los audios en el Instituto de Defensa Legal, evidentemente no para investigar lo denunciado sino para poner fin a las revelaciones.
Se vive una época inundada por la podredumbre. En ese paisaje, audios y videos son instrumentos de desinfección. Benditos sean. ¡Dónde estaríamos de no ser por ellos!
Foto: Legis.pe
